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Mujeres, cárcel y (para variar) más prejuicios

Michelle Bachelet, Carlos Luis Fallas, Pablo Presbere, Oscar Wilde, Dolores Ibárruri, son nombres que seguro nos resultan cercanos.

Probablemente, sin embargo, pocos recuerden que esas personas comparten un elemento común: haber estado encarceladas, fueron privados o privadas de libertad. Algunos, como Oscar Wilde, por su identidad sexual —porque, como aún ocurre en muchos países del mundo, la homosexualidad en el Reino Unido de su época estaba criminalizada—, otros, como Pablo Presbere, por haberse rebelado, con tanta ferocidad como dignidad, contra la conquista española en la zona de la actual Talamanca o como Bachelet, Fallas e Ibárruri por haber defendido unas determinadas ideas políticas que no gustaban al establishment. El tema de la población privada de libertad desnuda nuestros prejuicios más aviesos. Cuando se habla de las cárceles, las reacciones nos llevan a concluir que esos lugares destinados al apartamiento de quienes han infringido las normas penales —en el caso de Costa Rica alrededor de 13000 personas— están pobladas de depredadores sexuales u homicidas en serie. No es así. Cerca del 65% de las personas condenadas entraron a prisión por delitos asociados a la inequidad, como la venta de drogas al menudeo.

Esa desgraciada tendencia que tenemos de generalizarlo todo, de pensar que una condición es capaz de laminar las particularidades que explican a un ser humano. La indignación es mayor cuando lo estereotipos se descargan contra grupos más vulnerables cuyo encarcelamiento tiene sobre todo que ver con falta de oportunidades antes que con una maldad supina. Hace unos días, la subdirectora de la cárcel El Buen Pastor pidió en redes sociales colaboración para llevar un mariachi a las internas. Hubo un par de respuestas (de hombres, por cierto) que reclamaron por la “alcahuetería”, porque cómo era posible que a gentuza a la que se tenía que mantener habría que abrirle, además, un espacio para la distracción. Que suficiente teníamos con pagarles hospedaje, médicos y alimentación.

A propósito del Día Internacional de la Mujer, es bueno recordar qué supone la prisionalización femenina. Históricamente, las mujeres han estado en desventaja en torno a la toma de decisiones y al acceso a los recursos materiales, culturales y simbólicos. Desde el derecho penal, la criminología y las políticas penitenciarias deben tomarse en consideración las diferencias estructurales que existen entre las mujeres y los hombres que delinquen. De hecho, “en los últimos años se ha reconocido que la criminalidad femenina es un fenómeno mucho más complejo que trasciende los clásicos paradigmas encerrados en visiones mecanicistas y dicotómicas (…)” (Salazar y Cabral). Ello implica que el Estado debe considerar un enfoque integral si desea brindar una respuesta adecuada.

En este sentido, los datos demuestran que la mayoría de las mujeres que enfrentan el encarcelamiento se encontraban, previamente, en condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, son las principales responsables de sus familiares, especialmente de sus hijos e hijas. En el “Diagnóstico de necesidades de mujeres privadas de libertad en el Centro de Atención Institucional (CAI) El Buen Pastor”, del 2015, se entrevistó a una muestra de 100 mujeres, el 85 % de las mujeres entrevistadas reportó tener hijos e hijas, con un promedio de 3 hijos e hijas cada una. Además, en un estudio de 2016, dirigido por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, en el que se entrevistó a 150 mujeres, se concluyó que un 60% de los familiares que dependen de ellas son sus hijos e hijas, seguido por un 18% correspondiente a madres y padres y por un 11% relacionado con nietos y nietas.

La mayoría de las entrevistadas del Diagnóstico de 2015 reconoció que la condición de pobreza las obligó a doblegar esfuerzos para la atención de las necesidades de los grupos familiares y eso detonó la comisión de los hechos delictivos por los que fueron sentenciadas. Llama la atención que un 57% de las entrevistadas dijo haberse involucrado en el tráfico de drogas e indicó haberlo hecho por las siguientes motivaciones: un 35% por problemas económicos, un 9% por tener el rol de proveedora económica y un 15% porque sus ingresos provenían exclusivamente de esta actividad ilícita.

Y este no es un tema menor, de las mujeres institucionalizadas, un 11% se encuentra allí por la comisión de delitos contra la vida. Por su parte, alrededor de un 26% descuenta condenas por delitos contra la propiedad. Finalmente, un 54% de las mujeres presas están encerradas por delitos relacionados con la ley de psicotrópicos. De ese 54%, casi la totalidad son casos de venta de droga al menudeo (Palma Campos, Delito y sobrevivencia: las mujeres que ingresan a la cárcel El Buen Pastor en Costa Rica por tráfico de drogas). Esto es, son personas pobres, responsables de familias y con graves problemas de exclusión social. Estas mujeres recibieron penas elevadísimas por tratarse de delitos pensados para una élite delictiva profesional.

Los datos expuestos se complementan con la investigación realizada por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano en 2016, en la que un 71% de las mujeres entrevistadas expresó haber tenido dificultades para encontrar trabajo antes de ingresar a El Buen Pastor, el 75% reportó vivir en condiciones de pobreza y, a pesar de esto, el 68% está en prisión por primera vez, solo el 32% manifestó ser reincidente.

El sistema penal es, por antonomasia, una fuente de exclusión social. Su eficacia para atrapar a ciertas clases sociales es rotunda. Con mucha más razón a grupos que, como las mujeres, se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hay una obligación ética de intentar darle a un modelo profundamente despiadado algo de racionalidad. Es que, en definitiva, el sistema es un reflejo de la estructura social que lo alimenta; reproduce sus funciones. Las mujeres que entran a la cárcel no son “solo” “malas”, son, sobre todo, pobres y su encierro es, dramáticamente, el inicio, o la perpetuación, de más marginalidad para ellas y para su entorno. Habrá que decirlo con todas sus letras porque hay quienes obnubilados por sus prejuicios no logran verlo: si hubiera menor inequidad, habría menor delincuencia, y mucha menor delincuencia femenina.

El ordenamiento jurídico penal costarricense no ha tomado en cuenta la realidad social de las mujeres. Tampoco lo han hecho las diversas agencias punitivas, que no consideran ninguna de las condiciones particulares de las mujeres que delinquen. El resultado de esta falta de sensibilidad es que la criminalidad femenina “sigue siendo un fenómeno invisible desde el análisis de género en Costa Rica, y por otro lado, a nivel institucional, el país ha estado ayuno en comprender el delito de forma estructural (…)” (Palma Campos). Así, como se decía, una de las causas criminógenas más comunes en las mujeres es el narcomenudeo. Ello quiere decir que se encuentran en el estrato más bajo del giro comercial del narcotráfico; o dicho de otro modo, son utilizadas por las altas esferas criminales aprovechándose de su vulnerabilidad. Pero esa situación de vulnerabilidad es difícilmente considerada por los tribunales penales.

Como se ha indicado desde la sociología, frente el fenómeno de la “feminización de la pobreza” muchas mujeres no tienen otra salida que defenderse con la “feminización de la supervivencia”. Esto quiere decir que deben optar por el trabajo informal, la prostitución, el robo o el tráfico de drogas. La sociedad se ha encargado de criminalizar la pobreza y al ser las mujeres quienes más la sufren, se ha fomentado una política criminal irreflexiva que castiga doblemente a personas ya de por sí excluidas.

La reforma a la ley 8704 —que permitió modular la pena cuando en la introducción de drogas a un centro penal la imputada fuera una mujer en condición de vulnerabilidad— hace unos años fue un cambio en la dirección correcta, pero, desde cualquier punto de vista, insuficiente. Esta mañana, un grupo de diputadas, de varios grupos parlamentarios, presentó un proyecto de ley, apoyado desde el despacho de la ministra de Justicia, para modificar los artículos 71 y 72 del Código Penal. El propósito es incorporar al sistema penal fórmulas que atiendan las diferencias estructurales de la sociedad que ponen en franca desventaja a las mujeres, para intentar que, al ser sancionadas, la punición, como sucede en la actualidad, no reproduzca los paradigmas patriarcales que se han construido en su perjuicio.

Para acabar, no siempre los estereotipos pueden más, a las pocas horas, una familia respondió a la directora de El Buen Pastor y ofreció pagar el mariachi. Por cierto, a propósito de la gente que entiende que la vida no es un reduccionismo que nos divide entre buenos y malos, a partir de hoy, 8 de marzo, la cárcel de mujeres se llamará Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera en honor a una voluntaria que, durante 20 años, trabajó anónimamente por mejorar las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad. Esa es la gran noticia, que a pesar de lo ruidoso que son el odio y las ideas preconcebidas, siempre se les puede desbaratar.

Marco Feoli