La única votación llevada a cabo con relación al recorte del presupuesto, fue ganada por una diferencia de un solo diputado.

Esta semana se aprobó el Presupuesto de la República 2017. Sin embargo, las causas de indignación en un sector de la ciudadanía y las discusiones en relación con los recortes comenzaron hace meses y fueron seguidas por un proceso marcado por la ausencia de diputados en el plenario.

El Presupuesto 2017 fue presentado el primero de setiembre de este año por el actual ministro de Hacienda y vicepresidente de la República, Helio Fallas. A partir de ese momento la Comisión de Asuntos Hacendarios tuvo tiempo hasta el 20 de octubre para revisarlo y darle su visto bueno. Posteriormente pasó al plenario donde los diputados tenían hasta el 29 de noviembre para aprobarlo. En esta última etapa, tuvo más peso en la decisión la ausencia de los diputados que sus votos…

Primeros Pasos

Fue en octubre cuando se empezaron a proponer los recortes al presupuesto que había sido presentado inicialmente por el Poder Ejecutivo. Las primeras señales de los ajustes que vendrían se dieron el 4 de octubre, cuando el ministro de Seguridad Gustavo Mata le pidió a la Asamblea aprobar el impuesto a las personas jurídicas, para que así el ministerio de Seguridad Pública pudiera recibir una mayor partida del presupuesto. Sin embargo, un considerable número de diputados se manifestó en contra de la aprobación de este impuesto. A razón de esto la Comisión de Asuntos Hacendarios decidió tomar ¢25.000 millones del presupuesto asignado al PANI para trasladarlos al ministerio de Seguridad.

El 14 de octubre se presentaron mociones para realizar múltiples recortes al presupuesto y el 19 de octubre la Comisión de Hacendarios rectificó que reduciría los presupuestos de distintos ministerios, incluyendo Presidencia, Gobernación y Policía, Relaciones Exteriores, Hacienda, Economía Industria y Comercio, Obras Públicas y Transporte, Salud y Ambiente y Energía. El presupuesto destinado al PANI también fue recortado en cinco ocasiones, convirtiéndose así en la institución más afectada por los ajustes.

La oposición pretendía ese mismo día aprobar el presupuesto, sin embargo, debido a la ausencia del diputado Mario Redondo, la votación quedó empatada 5 a 5, provocando que la bancada del PLN y del PUSC rompieran el quórum. Consideraron la medida necesaria a razón de que si se llegaba a votar en contra del presupuesto o se daba un empate, el informe sería desechado y se enviaría al plenario la propuesta que presentó inicialmente el Gobierno. Esta sería tan solo la primera vez que se rompiera el quórum durante el proceso.

Dadas las circunstancias recién descritas la votación quedó para el 20 de octubre. Ya con la presencia del diputado de la Alianza Demócrata Cristiana, los diputados liberacionistas (Rolando González, Paulina Ramírez y Olivier Jiménez) junto con dos socialcristianos (Rosibel Ramos y William Alvarado) y el diputado Mario Redondo, firmaron el proyecto con los recortes previamente aprobados, incluyendo el de ¢47.831 millones al PANI. La votación quedaría 6 a favor y 5 en contra, llegando así la discusión a su punto final. Los diputados del PAC, FA y ML que integran dicha comisión, fueron los 5 que votaron en contra.

Acciones del Poder Ejecutivo

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar, pues consideró que los recortes no tenían fundamento y provocarían complicaciones graves para la entrega de servicios estatales, tales como:

  • Limitaciones para la compra de uniformes y equipos de comunicación para la Policía de Tránsito.
  • Afectación a la movilización de funcionarios de salud para el combate del Zika, Dengue y Chikungunya.
  • Incapacidad para la compra de materiales para la reconstrucción y reparación de puentes, así como la señalización de carreteras.
  • Restricción de movilizar personal para brindar servicios de atención integral a niños y niñas de 620 CEN-CINAI a lo largo de todo el país.

El Gobierno manifiestó su desacuerdo a través de comunicados de prensa y propuso, por medio de una carta firmada por el vicepresidente Helio Fallas, un recorte de ¢20.000 millones al presupuesto. La propuesta tomaba en cuenta los ajustes que cabían en las posibilidades de cada ministerio así como una rebaja a los excedentes salariales considerando la menor inflación prevista para el año 2017. Sin embargo, el Ejecutivo y el Legislativo no pudieron llegar a un acuerdo.

Ministerios como el MINAE también respondieron enviando documentos a la Asamblea intentado exponer cuáles serían los servicios afectados, por ejemplo:

  • Incapacidad para llevar estudios vitales para asegurar la calidad de agua y sostenibilidad de su aprovechamiento.
  • Se verían afectadas las compras de repuestos que mantienen actualizadas las estaciones meteorológicas, por lo cual se podrían ver también afectadas las operaciones de aeropuertos y la prevención de desastres naturales.
  • La instalación de las mallas para la protección de equipos en 214 estaciones meteorológicas, cada estación con un valor de promedio de ¢17 millones.

La situación de el PANI

El Patronato Nacional de la Infancia fue creado por el artículo 55 de la Constitución Política. El artículo 34 de su ley orgánica establece que el Estado debe incluir en el presupuesto nacional una partida equivalente al 7% de lo recaudado en el año fiscal anterior por concepto de impuesto sobre la renta, para girarlo al PANI en enero de cada año. Actualmente el PANI recibe no el 7%, sino el 1%, razón por la cual la Sala Constitucional resolvió (2013-3691) ordenarle al ejecutivo que cumpliera con la ley y girara los recursos correspondientes. Es por ese motivo que el presupuesto del PANI en el 2016 fue de 40.000 millones de colones mientras que para el 2017 Hacienda le asignó 47.000 millones adicionales.

Una vez que se recibió la propuesta de Hacienda dentro de la Comisión de Hacendarios las posiciones fueron divididas. La alianza de oposición (PUSC, ML, PLN, Redondo) propuso dejar el aumento en 3.5% (es decir, 1.500 millones de colones y no 47.000 millones). El Frente Amplio pidió respetar el monto completo (alcanzando los 87.000 millones). Mientras tanto, ante la negativa de la oposición de aceptar el monto completo, el PAC propuso llevar el aumento a al menos a 10.000 millones de colones.

Uno de los argumentos de la alianza de oposición para no aceptar el aumento solicitado por Hacienda radicó en el hecho de que el PANI manejó un rango de subejecución cercano al 20% con respecto al presupuesto 2016. El PANI por su lado alega que la subejecución obedece a que la suma presupuestaria es entregada de manera tardía y no les da tiempo de ejecutarlo.  Aducen que la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos llena a la institución de trabas para poder ejecutar eficientemente los recursos. A fin de que el PANI no enfrente esta problemática ya está en corriente legislativa el EXP. 17. 772 Reforma a varias leyes para eliminar las trabajas legales que impiden al PANI invertir la totalidad de sus recursos en la protección de la niñez costarricense

 

Resolución del proyecto presupuestario

El domingo 27 de noviembre se convocó a los diputados al plenario para discutir la aprobación del Presupuesto de la República 2017. Veinte diputados por medio de ausencia (y no por el voto o la discusión) serían los responsables de que el proyecto se aprobara en primer debate.

Los diputados que no estuvieron presentes para llenar el quórum se distribuyeron de la siguiente manera:

  • 10 de los 18 diputados del PLN
  • 4 de los 8 diputados del PUSC
  • 2 de los 9 diputados del FA
  • 2 de los 3 diputados del ML
  • 1 de los 13 diputados del PAC
  • La diputada independiente Carmen Santamaría.

El mismo escenario se repitió en el segundo debate, este martes 29 de noviembre: la falta de quórum y el no ejercicio del voto implicaron la aprobación del presupuesto, esto a pesar de la presión ejercida por la ciudadanía que se acercó al Congreso a expresar su descontento con los recortes. Nuevamente habían sido solo 37 los diputados presentes y 20 los ausentes.

Al final de la noche del martes varios ciudadanos manifestaron su indignación ante las decisiones tomadas por la Comisión de Asuntos Hacendarios. Mientras tanto, dentro de la Asamblea, el presidente del Congreso, Antonio Álvarez Desanti, exponía la posibilidad de aprobar un presupuesto extraordinario para el otro año, de manera tal que no se afecten las operaciones del PANI, a pesar de la falta de voluntad del plenario para dar una solución antes de llegar al segundo debate.

Eduardo Alvarado

Padre, escritor, optimista. Lucha a diario por un mundo mejor.

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