El Poder Judicial avanza hacia la construcción de una política nacional de justicia abierta.

Los conceptos de justicia y apertura son ya de por sí abstractos. Ahora, aplicados al ámbito de lo público, es decir, el Estado y sus instituciones, generan más preguntas que respuestas. Por ello es que el Poder Judicial, a través de la presidencia de la Corte Suprema, ha impulsado durante el último año un proceso de transparencia y participación ciudadana, para acercar a la administración de justicia a la sociedad.

Este proceso se inició empíricamente desde el año 2015 cuando, desde el seno de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Justicia (CONAMAJ), se lanzó una iniciativa que buscara hacer efectiva la participación ciudadana en el ejercicio de la justicia. Eso sí, ello no significa que los ciudadanos podrán disponer del debido proceso por sí mismos, ni mucho menos tomar la justicia “por sus manos”. Implica más bien un proceso de apertura y retroalimentación colaborativa con las instancias de este poder.

Alejándose de la abstracción, esto significa que la Política de participación ciudadana del Poder Judicial efectivamente busca escuchar a los ciudadanos y poner en marcha los mecanismos internos para que sus dudas, consultas, quejas o incluso recomendaciones sean atendidas y gestionadas. Esto va más allá de la Contraloría de Servicios, se trata de un cambio organizacional profundo en el que, tanto los ciudadanos como los funcionarios, deben darse las herramientas adecuadas; por un lado, apropiación de una nueva cultura de servicio y, por otro, los mecanismos claros de gestión administrativa.

Más allá de la participación

La presidencia de la Corte ha sido la principal promotora, en conjunto con la CONAMAJ, en la implementación de esta y otras iniciativas de transparencia y participación ciudadana. No obstante, la raíz filosófica de esta propuesta macro viene dada por una declaración conjunta que firmaron, en noviembre del 2015, los presidentes de los tres poderes y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Por el Poder Judicial, claro está, doña Zarela Villanueva Monge. Esta declaración, primera de su tipo en Latinoamérica, incita a los poderes de la República a buscar los mecanismos para  “promover políticas de apertura, transparencia, rendición de cuentas e innovación en favor de los habitantes” desde las instituciones involucradas.

Esto implica que, particularmente en el Poder Judicial, no sólo se promoverá la acción participativa de las personas usuarias del sistema, sino que se buscará la máxima apertura posible. Esto también va de la mano con esfuerzos gubernamentales a nivel estatal en el tema, por ejemplo, de los datos abiertos. Este ha sido uno de los pilares de trabajo de la administración Solís Rivera, particularmente desde el despacho del viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano.

Así, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil (como Abriendo Datos Costa Rica), el Poder Judicial busca transparentar su función, históricamente relegada al interior de las estructuras que conforman la Corte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y los demás juzgados. Bien lo apunta el informe Estado de la Justicia, del Programa Estado de la Nación, cuando dice que, por ejemplo, “se conoce el número de expedientes según la forma de cierre, pero no es posible aproximar un perfil específico de las partes involucradas en cada caso“. Esto apunta a que el Poder Judicial deba ajustarse a “un nuevo paradigma en la administración de justicia“, donde la información sea accesible, contrastable y reutilizable.

Esa misma línea es la que sigue la propuesta, guiada por la presidenta de la Corte, al referirse al tema como necesario en pos de lograr “una gestión cuyo único objetivo sea la satisfacción adecuada del servicio público que estamos llamados a cumplir“. De nuevo, este proceso se enmarca en un enfoque más amplio de política nacional, particularmente el de Gobierno Abierto. Esto a raíz del rol de Costa Rica como miembro del Open Government Partnership. Esta membresía significa que el país debe buscar, así como proactivamente lo hace el Poder Judicial, ser más inclusivo, transparente y participativo.

El camino a seguir

Durante los días 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre, el Poder Judicial, en conjunto con su Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI), organizó el Congreso Internacional de Justicia Abierta. En el evento se presentaron varias de las iniciativas que ya se han efectuado, o continúan ejecutándose. Igualmente, expertos internacionales destacaron el avance de esta institución, pero señalaron muchas de las barreras o dificultades que tiene por delante.

Entre lo más destacado de las presentaciones realizadas, resaltó la hecha por la señora presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge, así como la del señor presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti. Ambos coincidieron en el punto crucial de entender qué es realmente la justicia abierta y cuál es su relevancia para el fortalecimiento democrático. Ambos, además, expusieron la noción de la justicia como un servicio público, alejándose de la noción de un trámite o gestión administrativa que ha imperado por décadas en el imaginario nacional.

Al respecto, la magistrada Nancy Hernández López y el magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez subrayaron que el Poder Judicial nunca había estado tan expuesto como lo está actualmente. Sin embargo, el camino es largo y debe profundizarse la iniciativa de apertura y transparencia, en aras de una adaptación a las necesidades de una sociedad más dinámica, pero también con el objetivo de fortalecer internamente a la institución frente a males como la corrupción.

A todo esto, de forma paralela al Congreso, el despacho de la presidencia de la Corte trabajó con grupos de sociedad civil para la validación del instrumento de política mismo. Expertos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) trabajaron en talleres definiendo un primer borrador de la política, que será consultado y luego validado el próximo año para definir un plan de acción concreto.

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Esta Política nacional de justicia abierta tiene por objetivo incorporar los principios de gobernanza abierta en el Poder Judicial, asegurando la óptima gestión judicial como instrumento de desarrollo humano y social. Se propone crear la Comisión de Justicia Abierta de la Corte Suprema de Justicia, donde la sociedad civil, la academia y otros actores relevantes tendrán representación junto a los miembros directores de las instituciones judiciales.

Finalmente, debe mencionarse que este esfuerzo de política (aún en revisión), así como muchos otros que se incorporarán al plan de acción de misma, tienen como eje transversal el uso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). De esta forma, no sólo se están creando nuevos espacios de participación, sino que esos mismos se modernizan y adaptan a los estándares mundiales en la materia. Esto no significa que la mediación tecnológica sea indispensable para los usuarios de los servicios de justicia, pues se reconoce que la brecha digital constituye un factor determinante en la población a la hora de establecer indicadores sociodemográficos.

La política y en general la nueva visión de gestión judicial de esta institución, también está enfocada especialmente en poblaciones marginadas tradicionalmente. Con ello se pretende extender la prestación más robusta de servicios a poblaciones indígenas, por ejemplo, tradicionalmente relegados al margen del sistema de administración de la justicia.

La Corte Suprema de Justicia ha reiterado su compromiso con la apertura y colaboración, por lo que ha instado a la sociedad civil a sumarse a los talleres o sesiones de consulta para esta política y para otras propuestas. Por ello, si quisiera involucrarse, estar informado y participar activamente para colaborar con el proceso de Justicia Abierta, puede solicitar más información escribiendo al correo electrónico: [email protected]

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Debe recordarse que la declaración de Estado Abierto firmada en 2015 enmarca esta propuesta y, aunque todavía no tiene una programación operativa, será la base para que iniciativas como la del Poder Judicial (de las más avanzadas en toda la Administración) se repliquen en la Asamblea Legislativa, a través de los ministerios y la Presidencia de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones.

Idealmente, este esfuerzo se esparcirá al resto de la institucionalidad pública. Sin embargo, está la barrera política (politiquera) por delante, y la sostenibilidad de estas propuestas dependerá de la visión de los gobernantes de los poderes y del país (el Poder Judicial elige su presidencia en mayo de 2017, al igual que la Asamblea Legislativa).

Si el Poder Judicial aprueba la política de Justicia Abierta Costa Rica sería el primer país del orbe en definir con tal detalle un plan de acción de esas características.

 

Roberto Cruz Romero

Diseñador gráfico hecho politólogo.

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