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Apuntes sobre el cobro electrónico para transporte público

Un convenio interinstitucional fue firmado para llevar adelante el proceso para esta modalidad de pago en autobuses.

El pago electrónico del transporte público, en modalidad de autobús, ha sido un proceso quimérico en la administración del transporte público desde hace varios años (cerca ya de dos décadas).

Han existido malos ratos para usuarios y choferes, los cuales han sido expuestos, lamentablemente, a una violencia desmedida por parte de antisociales en busca de dinero en efectivo.

Este ha sido un tema recurrente en la discusión sobre la importancia de digitalizar los pagos de pasajes. Si bien es un punto sensible, ya que se han perdido vidas, no es el único. El debate tiene varias dimensiones que atañen desde lo moral y lo práctico hasta lo eficiente.

Estos breves apuntes tienen como motivo el reciente acuerdo que lograron algunas instituciones públicas para empezar a trabajar de cara a una implementación de cobro electrónico en autobuses. Con esto se pretende contextualizar algunas de las dimensiones más relevantes en dicha discusión y poder entender mejor el peso de este tipo de decisiones.

¿Es realmente conveniente?

Esta pregunta se podría contestar sola después de abordar cualquier autobús en cualquier ruta del país. El manejo de billetes y monedas, la suciedad, incomodidad y la inseguridad que la suma de los anteriores factores genera son justificaciones suficientes para declarar la conveniencia.

Uno de los puntos que sobresale es el del costo transaccional que tiene, para el usuario promedio, el pago con efectivo en buses. El reciente convenio, suscrito entre la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y el Banco Central (BCCR) apunta a reducir el costo social que representa para los usuarios el uso de billetes y monedas.

Dicho costo social está conformado por, entre otros elementos, la seguridad, el precio real de transportar dinero y la eficiencia del servicio. En la mayoría de casos actuales, la ineficiencia.

Con ello, se pretende que los operadores (concesionarios) de las rutas de transporte público optimicen sus operaciones, brindando un mejor servicio al usuario. Esto pasaría por una fiscalización cercana y oportuna de la ARESEP y el MOPT, los cuales contarían con información fidedigna para formular directrices y políticas que permitan rediseñar un sistema de transporte público más eficiente.

Parada de buses en la avendia central, San José

Parada de buses en la Avenida Central, San José

El método de pago

Si bien es un paso importante en la consecución de una práctica indispensable en la modernización del transporte público, y del Estado, deben atenderse con cuidado los pormenores de la propuesta.

El pago electrónico es un hecho antiguo ya en la mayoría de países desarrollados; cada Estado ha planteado su sistema y lo ha implementado con mayor o menor intromisión de la empresa privada. Del mismo modo con mayor o menor intermodalidad (bus-tren-tranvía-metro; cualquiera fuera el caso). No obstante, por experiencia propia y tras rápido de la documentación, puedo afirmar que el método es casi siempre el mismo.

La práctica común, eficiente e inclusiva (este factor es indispensable) es la utilización de un sistema de tarjetas o tiquetes recargables. Hablamos de algo similar al servicio de telefonía celular prepago. Con este método cualquier persona puede adquirir la tarjeta, cargarla con el monto que se desee y utilizarla en sus viajes hasta que dicho monto se acabe o sea insuficiente para completar un viaje.

En Costa Rica

El convenio interinstitucional emitido recientemente incluye al BCCR como estandarte del sistema de pagos y transacciones electrónicas en el país. Y no es para menos; el BCCR, en su división de  Sistemas de Pago, gestó el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE) para articular las transacciones (inter)bancarias en la sociedad. Ello, de la mano de la Firma Digital, ha sido un hecho trascendental en materia de digitalización en al país. No obstante, su uso es limitado aún.

El BCCR aboga por la utilización del SINPE como medio de pago utilizando la infraestructura ya establecida en su institución misma, así como en el sistema bancario nacional. La intención es que el pago en autobuses se dé mediante tarjetas de crédito o débito, usando la tecnología EMV (Europay MasterCard Visa), así como la contactless (NFC).

Ahora, no hay duda de que la pretensión que fundamenta tal idea es la de fomentar el uso de instrumentos financieros formales, como la banca. Sin embargo, la realidad del país es distinta. He allí la disyuntiva: apostar por incentivar la bancarización de las personas (2,5 millones de ciudadanos cuentan con tarjetas bancarias. Unas 1,3 millones están fuera del sistema financiero formal), o promover el uso de mecanismos con menores requerimientos para el usuario.

Ambas perspectivas tienen sus beneficios; la promoción del SINPE fomentaría la creación de nuevas cuentas bancarias, incentivando a las personas (mayores de 15 años) a formalizar sus finanzas y con ello tener un control más detallado de la actividad económica en el país. Idealmente, es el escenario indicado; pero en una coyuntura donde el 45% de la población trabajadora lo hace de manera informal, es un escenario complejo de alcanzar.

Por otra parte, la utilización de mecanismos como tarjetas permitiría tener un impacto más uniforme en la población, de forma más inclusiva. Esto pues las personas, incluso menores de 12 años, podrían contar con una tarjeta dispensada en múltiples puntos del país. Eso significa que el sector privado tendría un papel más dinámico en esta nueva práctica económica.

Desde un punto de vista de inclusión y participación económica, el segundo caso es óptimo. Estas mismas preocupaciones ya han sido externadas años atrás.

No obstante, ambos escenarios no deben ser excluyentes. La tercera opción podría formularse como una convivencia de ambos métodos, donde quien quiera, pueda pagar con tarjetas bancarias y donde quien lo desee pueda hacerlo con tarjetas prepagadas.

La convivencia de ambos sistemas incluso podría determinar, desde una perspectiva de eficiencia, la opción más rentable. Lo importante es que la convivencia de uno u otro sistema —o ambos— con el efectivo sea la menor posible y así, en efecto, desincentivar el uso de este. Ello sería un incentivo para generar el cambio de paradigma en la sociedad.

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Emisor y validador de tiquetes en una estación de tren, Holanda.

Fiscalización y políticas públicas

Demás está decir que, independientemente del modelo que se decida, la ARESEP y el MOPT tendrán un control cercano sobre los concesionarios autobuseros pues las cifras de pasajeros y viajes estarían disponibles digitalmente.

Esta implementación permitiría incluso controlar la frecuencia de viajes y, con ello, plantear nuevas rutas o la reformulación de rutas existentes. Todo ello con base en datos reales, inalterados e, idealmente, públicos. Debe también resaltarse que dicho punto no ha sido ni siquiera planteado por ninguna instancia, por lo que será responsabilidad de la sociedad civil, la academia y otros sectores interesados, demandar la transparencia y apertura que esto implica.

La existencia de datos en esta área significaría un gran avance para el país en una materia que ha reprobado consistentemente (datos abiertos de transporte público). Además, permitiría a sectores afines al análisis estadístico generar valor a partir de los mismos, así como generar vínculos con los empresarios (concesionarios) y el mismo Estado.

De esta forma, no sólo serían las instituciones quienes se beneficien de ello, sino los usuarios finalmente contarían con un servicio de calidad, fiscalizado de forma pertinente y menos susceptible a distorsiones aleatorias y antojadizas.

Para el Estado, el verdadero valor se encuentra en retomar el control de una actividad de su competencia. Además, hacerlo ahora con potestad efectiva, basada en evidencia y validada por sistemas electrónicos solventes y probados.

Entonces…

El país está en su punto más cercano de la inclusión de un sistema electrónico que beneficie a la gran mayoría de la población directamente. Sin embargo, debe prestársele atención al desarrollo de su implementación, pues una y otra decisión podría tener distinto impacto en un mayor o menor número de personas. En dos platos: no es el momento de equivocarse (de nuevo).

Lo importante, a pesar de todo, es que el proyecto avance sin trabas políticas o institucionales, y así poder tener un transporte público eficiente y de mayor calidad tan pronto como sea posible.

Esto además es indicio de que el Estado puede —y debe— modernizarse, siguiendo prácticas de informatización de servicios públicos. Lo que continúa haciendo falta es la rectoría clara y efectiva en la materia, que englobe este tipo de esfuerzos; entiéndase, una verdadera gobernanza digital.

Finalmente, de materializarse, la inseguridad y violencia percibida debido al uso del dinero disminuiría considerablemente, reduciendo el costo social y económico de utilizar el transporte público.

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Roberto Cruz Romero