Sign in / Join

Bipartidismo, Extractivismo y Cadáveres en Honduras

A partir de una suposición hipotética, que a muchos hoy día nos parece hasta risible –aunque a otros no, como a la Cancillería Costarricense–, aportamos aquí una serie de insumos para intentar responder a una interrogante

La suposición hipotética es: “no hubo fraude en las elecciones hondureñas del pasado 26 de noviembre”; la interrogante es: “aún sin fraude, ¿es Honduras actualmente una república democrática?”. Lo que aportamos va en la línea de: a) breves consideraciones históricas sobre el sistema bipartidista hondureño; y b) la relación entre el punto anterior, el extractivismo y la ola de asesinatos a personas defensoras de la tierra.

Del bipartidismo en Honduras, o cómo se coloca una mampara “democrática” para controlar todo el Estado.

Entre 1963 y 1981, Honduras estuvo gobernada por sucesiones militares. A partir de 1982, la cúpula castrense del país le devuelve la Casa Presidencial a manos civiles, ocupando este primer periodo presidencial civil el médico Roberto Suazo Córdova. Desde la década de 1970, la historia política de Honduras se entiende por el vaivén entre el Partido Nacional y el Partido Liberal en la cabeza del Poder Ejecutivo, y repartiéndose demás plazas dentro del aparato estatal. El sistema político bipartidista está profundamente enquistado en el imaginario sociopolítico del país –al menos hasta 2009–, y su alcance e influencia ha trascendido el plano de la configuración del sistema de partidos, para extenderse hasta la configuración de un modelo de estado afín a sus intereses y requerimientos.  

En lugar de un Estado de Derecho en todo su ser, el sistema bipartidista en Honduras construyó una mampara de “ficción constitucional”, un disfraz democrático que nunca derivó en la generación de una institucionalidad democrática, capaz de reivindicar en la práctica las más básicas nociones de representatividad y democratización socioeconómica. Ahora bien, esta estructura no surge por generación espontánea, sino que tiene un asidero colectivo histórico, cuya explicación se encuentra tanto en las confrontaciones entre las élites liberales y conservadores de finales del siglo XIX  e inicios del siglo XX, hasta los golpes de estado y las dictaduras militares del siglo XX. El sistema bipartidista se posicionó como la única aparente solución a las crisis de gobernabilidad que había marcado toda la historia política del país –con pocas excepciones–.

De facto, se estableció un pacto de alternabilidad, que parecía poner fin a los enfrentamientos que se generaban en cada torneo electoral, y –al menos superficialmente– lograría satisfacer la aspiración de paz de la población hondureña. En el fondo, la estrategia fue sumamente exitosa: la élite oligárquica hondureña logró establecer un modelo de supuesta alternabilidad democrática, que cada cuatro años presentaba a dos partidos aparentemente representantes de los intereses generales de sus votantes, manteniendo discursos plurales e inclusivos; sin embargo, en el fondo, ambos partidos fungían como monigotes de un mismo sector oligárquico de la sociedad hondureña. En resumen, el sistema bipartidista fue únicamente un medio para garantizar la apropiación de la riqueza nacional, a través del control total del Estado.

El derrocamiento de Manuel Zelaya a través del Golpe de Estado en 2009, es un claro ejemplo de que la élite económica hondureña no está dispuesta a que ningún representante de su partido-monigote-de-turno, se le salga del canasto. Las incipientes reformas que Zelaya impulsó, fueron suficientes para que las Fuerzas Armadas montaran a Zelaya en un avión y lo despacharan hacia Costa Rica, para acto seguido “restablecer el orden” a través de la reanudación de la estructura bipartidista “purificada” en el poder, en este caso a través del Partido Nacional, con Porfirio Lobo (2009-2013) –cuyo hijo fue condenado en EE.UU. por narcotráfico–  y Juan Orlando Hernández (2013-2017, y contando...).

Extractivismo y cadáveres en anonimato: se desangran las montañas de La Paz y Yoro

Desde el Golpe de Estado del 2009, ha muerto en Honduras 123 personas activistas socioambientales, aproximadamente una cada 21 días. Si bien el caso del repudiable asesinato de Berta Cáceres tuvo una amplia resonancia en medios de comunicación, lo cierto es que la mayoría de asesinatos quedan en el completo silencio, o en el mejor de los casos, derivan en una o dos publicaciones de algún medio de comunicación hondureño, las cuales en algunas situaciones suelen ser sumamente recatadas en cuanto a la profundización de las causas de las muertes. Y es que también vale recordar las peliagudas condiciones para el ejercicio del periodismo en Honduras, donde el 91% de los 69 asesinatos –entre 2001 y 2017– de personas profesionales de la comunicación ha quedado impune.

Ampliaremos apenas dos casos, de los múltiples existentes

Empecemos por un caso muy sonado, que toca directamente a la cúpula del Partido Nacional. El Proyecto hidroeléctrico Los Encinos se ubica en el municipio de Santa Elena La Paz. Luego de la convulsión institucional a raíz del Golpe de Estado del 2009, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley General de Aguas, la cual prevé la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país. A través de esta Ley, el Estado de Honduras entregó la concesión del Río Chinacla a la empresa Hidroeléctrica de la Sierra S.A de C.V (HIDROSIERRA) para la instalación del P.H Los Encinos, lo cual amenaza gravemente el suministro de agua de las comunidades aledañas. Juan Francisco Martínez, miembro del Movimiento Indígena Lenca de la Paz –que se opone al proyecto hidroeléctrico apareció fallecido en enero de 2015, atado con aparentes cordones de botas militares.

Julia Francisco Martínez en la sepultura de su marido, cuyo cuerpo se encontró con
quemaduras y las manos atadas con cordones de botas militares. Foto: Giles Clarke para Global Witness

Los estudios de impacto ambiental no han sido presentados por Hidrosierra, sino por la empresa Inversiones Encinos Sociedad Anónima de Capital Variable (acta municipal número 234 folios 66-67 2013), de la cual según ha revelado ONG´s como Global Witness y la plataforma EjAtlas, figura como administrador único un hombre llamado Arnold Castro Hernandez, quien además es esposo de Gladys Aurora López, la actual Presidenta del Partido Nacional, y e integrante de la Junta Directiva del Congreso Nacional de Honduras. Todo lo anterior, en aparente infracción a la Ley de Contratación del Estado y a la Constitución Política.

Global Witness – ONG con sede en Londres– publicó un informe en 2017 titulado “Honduras, el país más peligroso para proteger el ambiente”, en el cual se establece esta y otras aparentes relaciones entre personajes de la política hondureña y proyectos energéticos- turísticos en los cuales ha quedado en entredicho el respeto a los Derechos Humanos. Esta ONG fue demandada por la señora López, por una supuesta campaña de desprestigio en su contra. Además, dos días después de presentado el informe en Tegucigalpa, el Alto Comisionado de DD.HH de la ONU en Honduras debió brindar protección y resguardo a los dos investigadores de la Global Witness, para garantizar que pudieran salir del país, ya que en televisión nacional, el Ministro de Ambiente pidió la captura de los representantes de la ONG en el país.

Casos como el anterior son múltiples en Honduras, y abarca también proyectos de minería y explotación forestal. En el Departamento de Yoro (centro-norte del país) habita el pueblo Tolupan o Xicaques, quienes históricamente han habitado esas tierras. Recientes proyectos mineros y forestales han derivado en manifestaciones de la población indígena, como la ocurrida el 25 de agosto del 2013 en la cual resultaron asesinadas tres personas. A raíz de tal ataque, muchas personas de la comunidad indígena se vieron obligadas a escapar hacia otras zonas del país para evitar la muerte, lo cual no siempre surtió efecto, como en el caso del líder tolupán José Santos Sevilla, asesinado en 2017 en el municipio de Orica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos –medida cautelar N.º 416-13 – otorgó protección de emergencia a varias familias de la comunidad tolupana; sin embargo, en abril de 2015 fue asesinado Luis de Reyes Marcía, quien era esposo de la activista Vilma Consuelo Soto, una de las beneficiarias de la resolución de la CIDH. Dos meses después se reportó el asesinato de otro activista de la comunidad, esta vez Erasio Vieda Ponce. Aquí se puede accesar un recuento más detallado de demás asesinatos que ha padecido el pueblo Tolupan.

 

María Enriqueta Mature, una de las víctimas de la masacre de agosto del 2013 en Yoro. Foto: Association for Women's Rights in Development (AWID)

¿Por qué se manifestaban estas personas asesinadas? En primera instancia, porque la comunidad Tolupana  no fue debidamente consultada para el inicio de los proyectos extractivos en los territorios que habitan, violentándose las disposiciones del Convenio OIT-169. Pero la mirada debe colocarse puntualmente sobre los permisos ambientales entregados de forma dudosa por parte de la Municipalidad de Yoro, cuyo Alcalde fue desde 2009 Arnoldo Urbina Soto, hasta el 2014, cuando fue arrestado por presunta participación en numerosas actividades delictivas. De hecho, en una investigación publicada por Insight Crime, se expone de forma detallada la presunta actividad delictiva que la familia Urbina Soto habría realizado en este municipio, y vinculaciones de distintos clanes delictivos con el Partido Nacional y el Partido Liberal. Diana Urbina, quien es hermana del exalcalde –condenado por lavado de activos –, fue diputada por el Partido Nacional, y en las recientes elecciones de noviembre, resultó elegida como nueva alcaldesa.

Según se desprende de la investigación de Insight Crime, en el municipio del Yoro varios clanes delictivos se disputan el control territorial para sus actividades criminales, que abarca robo de animales, narcotráfico, apropiación ilegítima de bienes muebles e inmuebles, etc. Además, coluden con el poder político- institucional para burlar cualquier tipo de legislación que les impida, o tan siquiera dificulte ligeramente, la realización de sus intervenciones, las cuales suelen incluso ser requerimiento para el transporte aéreo de narcóticos, como la deforestación para apertura de pistas de aterrizaje. De hecho, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras  señaló que Yoro tiene el mayor número de casos de tala ilegal en el país.  La población indígena de estos municipios queda totalmente desprotegida, en el medio del combate de estos grupos, y sin nadie a quien recurrir, ya que para efectos de generar las mejores condiciones posibles para las actividades delictivas, coluden con el gobernante Partido Nacional.

Los anteriores han sido apenas dos ejemplos ilustrativos de cómo altos funcionarios del Partido Nacional se vinculan con proyectos extractivos que, para llegar a buen puerto y sin molestas intromisiones de personas activistas socioambientales, recurren al asesinato y amedrentamiento. No olvidemos la persecución y desalojos que sufre el pueblo garífuna, en defensa de los recursos naturales del Caribe, lo cual ha derivado en asesinatos, como el de octubre pasado, cuando pistoleros acribillaron al líder garífuna Silvino Zapata. Este tipo de tensiones se acrecenta porque el Estado hondureño –según lo ha determinado la CIDH–  no respeta el derecho a consulta consignado en el Convenio 169- OIT. Ejemplo sobre esto, es el proyecto Indura Beach Club, cuyo 49% de acciones pertenece al Instituto Hondureño de Turismo. Sobre este proyecto turístico, se ciernen acusaciones por parte de Global Witness –fundamentadas en informe de la Unidad contra el Delito de Lavado de Activos– , por aparentemente haber sido receptor de fondos provenientes del desfalco al Ministerio Hondureño de Seguridad Social, tasado en más de 200millones USD.

Estos asesinatos están ocurriendo en nuestras narices, y como centroamericanos y centroamericanas debemos indignarnos, comenzando por informarnos. La actitud blandengue y timorata de nuestra Cancillería ante las constantes y fundamentadas denuncias de fraude electoral acaecido en Honduras, nos debe molestar muchísimo, ya que en dicho fraude explícito se ratificó la perpetuación del status quo político- institucional hondureño, que nos ha arrojado los cadáveres de más de 130 cadáveres de personas activistas socioambientales desde 2009. Será decisión de cada quien considerar si,  aún –hipotéticamente–, sin alteración de papeletas y resultados durante el pasado noviembre, es Honduras una democracia.

Comments

comments

Daniel Torres Sandí