Sign in / Join

La verdad sobre los nuevos centros penitenciarios

¿Por qué este gobierno sí construyó 3 nuevos centros penitenciarios después de casi dos décadas sin obra?

Hace unos días, Patricia Vega, que dirigió el Ministerio de Justicia y Paz de 2002 a 2006, publicó un tuit en el que me llamó mentiroso —así, como quien anda por casa y se levanta de malas— por haber posteado un video en el que se presentaban los tres nuevos centros penales que empezarán a operar durante este año, por primera vez en casi dos décadas. La molestia de la señora Vega, con un tono algo desabrido para mi gusto, residía en que, según ella, durante su gestión también se construyeron cárceles, incluso citó cuáles –Liberia, Puntarenas y Máxima Seguridad de La Reforma-. Al hilo de ese mensaje, otros usuarios de la red aprovecharon la ocasión para decir que, sobre estos penales, la actual administración no tiene mérito alguno puesto que fueron ideados durante el Gobierno anterior.

Bueno, ni lo uno ni lo otro.

En estas líneas intentaré explicar por qué las unidades de atención integral (uai) Reinaldo Villalobos Zúñiga de Alajuela, Pablo Presbere de Pérez Zeledón y 20 de diciembre de 1979 de Pococí suponen la construcción de tres centros nuevos después de cerca de 20 años de inercia estatal como fruto del empeño del actual Ministerio de Justicia y Paz. Aprovecharé también para exponer las razones, colgándome de la providencial y, para los efectos, pedagógica intervención de la abogada Vega, por las cuales la política penitenciaria impulsada por la Administración Solís Rivera es tan distinta a las de nuestros predecesores.

¿Se han construido nuevos centros penales no solo en el periodo 2002-2006 sino en los últimos tres gobiernos?

Pues no, qué quiere que le diga, señora Vega. La verdad es que no. A doña Patricia hay que concederle que durante su gestión se ampliaron los módulos de varios centros. Pero es que eso es lo que se ha hecho siempre, se hizo antes del 2002 y se siguió haciendo después del 2006. Más aún, para poner por caso, este Gobierno está por utilizar el módulo C de La Reforma para 200 personas. Pero claro, no es un centro nuevo, es una ampliación. El siguiente cuadro recoge los datos sobre construcción y ampliación de centros penales.
Prisiones2017

 

Nuestro país ha dedicado recursos importantes a la ampliación de espacios carcelarios, ese es un hecho incontrovertido. En los últimos 16 años, solo en 2007 no se amplió ningún centro penitenciario, todas las administraciones han ido aumentado la capacidad de las cárceles. Allí reside el error de Vega, confundir construcción con ampliación.

Durante el tiempo que dirigió el Ministerio de Justicia hubo, en efecto, ampliaciones en algunos centros del país. Eso nadie lo ha puesto en cuestión. El tema es que la construcción de centros nuevos no se hace desde hace casi 20 años. La última fue en 1999 y ni siquiera se trató de una infraestructura nueva sino del acondicionamiento de unas instalaciones de la Fuerza Pública para recluir allí personas privadas de libertad (el CAI Gerardo Rodríguez Echeverría en Alajuela). También uno podría contar Cartago, que se abrió en 2001, sin embargo su apertura supuso el cierre de la antigua Unidad de Admisión con lo cual quedamos en la misma situación.

No es lo mismo construir un centro que ampliar uno que ya existe, parece muy obvio, no solo por su valor simbólico sino porque una edificación nueva permite comenzar un proyecto y afinar, incluso, los abordajes técnicos de atención. Históricamente, la arquitectura penitenciaria ha reproducido paradigmas punitivistas que dificultan los procesos de resocialización; celdas acajonadas o en forma de jaulas han sido el estilo clásico de construcción.  Las tres nuevas unidades de atención integral rompen, además, con esa vieja y malsana tradición porque fueron diseñadas con una visión moderna; se potencian los espacios comunes, de trabajo, educación y convivencia para evitar el ocio y favorecen los procesos productivos. Esto es, no hacerle un agregado a la casa, sino hacer una casa nueva.

UAI2017

En definitiva, muy a pesar de la señora Vega, la verdad es que centros penales nuevos no se construyen en Costa Rica desde hace casi dos décadas. Las 3 unidades de atención rompen con años de inercia. Rompen con años de inercia porque hay un punto de ruptura y se apuesta por proyectos penitenciarios integrales. Los centros miden 10 mil metros cuadrados, los de Alajuela y Pococí, y 6 mil metros cuadrados, el de Pérez Zeledón.  Son enormes.

¿Estaban los centros ya ideados durante el gobierno anterior, es decir, nos estamos atribuyendo gestiones ajenas?

No, tampoco.

Para responder a esta pregunta hay que hablar del préstamo que el Estado costarricense suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo. Les cuento la historia. La ley fue votada en mayo de 2011 por la Asamblea Legislativa con la participación de 42 diputados de todas las facciones políticas y publicada el 15 de febrero de 2012 en La Gaceta. Con ella se aprobó el Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social que consistió en un préstamo por 132 millones de dólares para invertirlos en el sector seguridad.

De esos 132 millones, 70 se destinaron al Ministerio de Justicia y Paz para la construcción de unidades productivas ¿Qué son las unidades productivas? El préstamo no lo dice, se entendieron como espacios para las personas privadas de libertad. A partir de esa publicación en el Diario Oficial, correspondía al Gobierno planear y diseñar cómo utilizaría los recursos. Antes de que el banco empiece a girar el dinero, es necesario cumplir con una serie de condiciones, como constituir una unidad ejecutora (UEP) y reglamentarla. Hasta octubre de 2012, se obtuvo la elegibilidad, esa especie de visto bueno que da el BID para hacer los desembolsos.

A mediados de 2013, se cambió la dirección de la UEP y durante ese año se decidió enfilar los esfuerzos en la construcción de dos centros cívicos. Sobre las unidades productivas, pese al empeño de doña Ana Isabel Garita, ministra de Justicia —y una muy buena ministra— durante unos meses, al cierre de la Administración Chinchilla Miranda, no se pudo avanzar nada.

En mayo de 2014, con el cambio de gobierno,  la exministra Cristina Ramírez pidió cuentas y, de manera expresa, solicitó un plan de aceleración de las construcciones, lo cual generó un diálogo con el BID para que colaborara en la definición conceptual del modelo a construir porque, una vez más, nada se había hecho al respecto. En julio de 2014, se formó un equipo liderado por una nueva coordinadora para las unidades.

Cuando el gobierno actual asumió funciones, no había ningún plan de diseño, ningún documento de licitación. Había que contratarlo todo, hacer los estudios previos —de suelos, hidrológicos, geológicos— para obtener la viabilidad ambiental y los permisos de SETENA. Se hizo un cronograma donde no se admitió un solo retraso. De este modo, en julio de 2014, se inició la elaboración del pliego —documento de licitación pública internacional— y en diciembre, en un tiempo récord, se dio la orden de inicio. Con esa orden de inicio, se empezaron los diseños, a cargo de un consorcio (CJL-OPB),  se contrataron los estudios, se recibieron los permisos y arrancaron las construcciones.

Al llegar la ministra Cecilia Sánchez a Justicia, en julio de 2015, con las obras ya en marcha, la prioridad fue la atención técnica, la otra pata de la silla, ¿para qué servirán los 3 nuevos centros? ¿cómo queremos que el Estado atienda a las personas privadas de libertad que sean recluidas allí? Para responder a esas preguntas, se conformó una comisión de trabajo que es la que decidió llamar a los centros unidades de atención integral, una forma de visibilizar el cambio, y se firmaron acuerdos de colaboración con el INA y el MEP para tener una oferta de trabajo y estudio vigorosa. Al tiempo, se redactó un manual, se elaboró un perfil de las personas que podrán ser trasladadas a las uai y se decidió crear un programa independiente al de las 13 cárceles existentes en el país -Programa de Unidades de Atención Integral- que coordinará, en el futuro, los procesos  productivos. Así nació el nuevo modelo penitenciario.

En pocas palabras, este gobierno asumió funciones en 2014 y, de cero, apretó el acelerador tanto para avanzar en la construcción de tres centros como, y más importante aún, para definir un nuevo modelo penitenciario basado en el trabajo y el estudio. El mérito, aunque eso parece escocer a algunos, es de las ministras Ramírez y Sánchez.

643d18bf-7236-4d63-b6e5-6bd1dd0b9820

¿Vale la pena estar contentos?

Sí, claro, pero con matices. Cuando la señora Vega se enoja y pide que se le reconozcan sus ampliaciones —que no, como vimos, sus nuevos centros porque no los hubo— refleja uno de los errores más gordos del sistema penitenciario: creer que la respuesta está en aumentar la capacidad de encierro. Para este Gobierno y para la ministra Sánchez, una experta en la materia, el hacinamiento no es el problema, para este Gobierno el problema es el modelo punitivo, la sobrepoblación es solo una de sus consecuencias. A mí, la verdad, me daría vergüenza, y mucha, que se me recuerde por haber hecho cárceles. Más aun, la ministra Sánchez no hará ningún acto oficial inauguración porque nuestros desvelos van por otro lado.

Como quiera, no es lo mismo hacerse cargo de una institución con un 8% de hacinamiento que con un 56% como estuvo en algún momento del año 2015. La población penal se disparó en Costa Rica a partir de las reformas legales de 2009 que aumentaron penas y crearon los tribunales de flagrancia. Hay razones estructurales que superan a las ampliaciones. Son contextos claramente distintos y por allí se quiere pasar de puntillas.

MJYP

La razón para estar satisfechos no es haber construido tres centros nuevos después de casi 20 años sin hacerlo, aunque alguien pueda pensar que sí; lo que nos ilusiona es estar instaurando un modelo distinto que potencie las oportunidades para la inserción social y disminuya el riesgo de la reincidencia. Si hay menos reincidencia habrá más seguridad para todos. Es por ello que a lo largo de estos años nuestra preocupación ha sido firmar convenios de cooperación para generar condiciones dignas, presentar proyectos de ley que permitan, como lo recomendó la ONU desde 1965, utilizar para delitos no violentos sanciones distintas al encarcelamiento o abrir una oficina que facilite el proceso postpenitenciario para que los que egresen del sistema cuenten con el acompañamiento necesario. Esto no es alcahuetería, es ver en las salidas represivas al delito no un mecanismo de venganza social, que saque nuestras reacciones más primitivas, sino el camino para asumir consecuencias, pero también para conjurar los riesgos de que se repita.

Somos transitorios, lo tenemos claro, justo por eso hemos aprovechado esta coyuntura para servir de acuerdo a nuestras convicciones, hemos hecho lo que nos parece correcto, hemos impulsado la única política penitenciaria progresista posible en un Estado de Derecho. Desde luego, no queremos lastimar a nadie ni ser mezquinos con nuestros antecesores, no dudaríamos nunca de sus buenas intenciones. Claro, poner la verdad por delante, a veces, tiene un riesgo: crispar los egos y encoger el espíritu. Pero mentir por no incomodar nunca será una alternativa para nosotros.

Marco Feoli