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Gobernando como el cangrejo

Una nueva constitución para que no se siga gobernando para atrás.

Un día escribió el columnista Edgar Espinoza que Costa Rica es muy curioso, porque aquí se gobierna para atrás. Tiene toda la razón. Proyectos que debieron construirse hace 20, 30 o más años, aún no se terminan y los diferentes gobiernos cuando llegan al poder, tienen que lidiar con obras que cuando ya se hacen, dejaron de resolver los problemas del presente, y menos del futuro, porque sus diseños pertenecen al lejano pasado. Se construye para atrás.

Así nos ha pasado con la ruta 27, por ejemplo, con las vías de circunvalación, con los hospitales, con la carretera a San Carlos que ya lleva 47 años sin terminarse, con la ruta 32, que se va a ampliar de Pococì a Limón, sin tocar todo el trayecto del Zurquì, con la carretera a San Ramón, con muchos de los puentes que de pronto estrechan peligrosamente los carriles de nuestras carreteras, o con la infraestructura educativa que teniendo cientos de millones de dólares disponibles , el porcentaje de ejecución de los diversos gobiernos resulta risible.

Hemos descubierto que el Estado hasta se endeuda para atrás, pues los préstamos se contratan para no ser usados, pagando así decenas de millones de dólares por comisiones e intereses. También hemos determinado que los materiales se compran para almacenarlos hacia el pasado. De pronto encontramos enormes piezas de hierro, de cable, de partes de puentes, de toneladas de varilla y cemento, de materiales herrumbrados en los planteles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, como ocurrió en el mes de marzo de este año 2017. Así es nuestro Estado, así actúan nuestros dirigentes y funcionarios, y nada pasa. El desperdicio pisa nuestras narices y salta en nuestros ojos, aparece fotografiado en las noticias por tres días, y finalmente todos nos olvidamos. Nadie es responsable porque en materia de rendición de cuentas y de responsabilidad pública hay una enorme impunidad.

Nadie es responsable porque en materia de rendición de cuentas y de responsabilidad pública hay una enorme impunidad

Es muy usual escuchar a los gobiernos felicitándose por acabar obras incluso pequeñitas y simples que vienen de muchos años atrás. Se elogian a sí mismos no por la construcción del presente y del futuro, sino por la terminación del pasado. Cuando los gobiernos no pueden terminar obras que debieron ejecutarse en el pasado, entonces afirman que ellas no se han hecho porque son herencias de los gobiernos anteriores, así se justifican, pero cuando alguna obra ya alcanza la edad de adulto mayor para terminarse y se logra finiquitar, entonces se informa al país con enorme regocijo, como si fuese un gran logro nacional. Nadie cuantifica lo que el país pierde por no construir las obras cuando deben realizarse.

Nuestro Estado parece que en lugar de ir para adelante va para atrás, porque el marco normativo facilita y hasta estimula gobernar hacia el pasado, y porque los representantes que elegimos gobiernan para los adeudos, dado que las necesidades que tiene la sociedad debieron haberse resuelto años atrás. Además nadie responde, y a nadie se sanciona. Los ejemplos sobran, el problema del puente la platina, debió resolverse hace tres administraciones, o sea 12 años atrás, y hasta ahora pareciera que encontró una relativa concreción de la obra. Decimos relativa porque el puente es de seis carriles, pero viene una autopista con un diseño San José Alajuela de ocho carriles. La vía de circunvalación que se decidió hacer en el Gobierno de don Rodrigo Carazo en octubre de 1978, ya lleva casi cuarenta años y no se termina. El tramo de la Uruca a Calle Blancos que es apenas de 5.6 kilómetros, aún está a la espera después de que han pasado 10 Gobiernos. La ruta 27 se hizo en 32 años, y con muchos defectos, pero el ciudadano conformista y con cierta dosis de razón dice, que eso es mejor que nada. La carretera Bernardo Soto inaugurada en 1965, tiene una circulación de casi 100 mil vehículos diarios y su capacidad instalada es de 60 mil, y se ha planeado intervenir desde hace 25 años. Parecida es la situación del aeropuerto Juan Santamaría, quien en el 2016 tuvo un tráfico internacional de varios millones de pasajeros, con una infraestructura absolutamente insuficiente. La ruta 32 construida por la empresa Saopim, a partir del mes de julio de 1971, representa desde hace muchos años un enorme rezago con relación al tráfico que se moviliza hacia y desde el puerto más importante del país.

Es evidente que si continuamos así, muchas de las necesidades del 2017, por ejemplo las estaremos resolviendo en el 2050.

Es evidente que si continuamos así, muchas de las necesidades del 2017, por ejemplo las estaremos resolviendo en el 2050.

Es probable que en términos de obra pública, si no corregimos desde la cúspide el aparato del Estado, vamos a celebrar los 200 años de vida independiente con setenta años de retrasos. Pero seamos serios, es que el país no solo ha perdido capacidad de ejecutar obras en el tiempo en que deben realizarse, sino que perdió rumbo. Por eso no se puede ser tan simplista para pensar que los meros cambios de legalidad operativos resolverán los problemas. Es por medio de la construcción de la norma fundamental que tendremos alguna oportunidad de impregnar rumbo. Sin rumbo las normas pueden saltar a la deriva.

En ese panorama, la propuesta de una nueva Constituyente tiene la misión de provocar una reflexión, que permita construir un Estado que tenga normas que estimule que la sociedad siempre resuelva los problemas del presente y vaya para adelante, y que los costos de oportunidad sean eficazmente aprovechados. No es posible que el transporte moderno que necesitamos que funcione en el área metropolitana se diseñe hoy para que ruede hasta dentro de 20 o más años. Un eje transversal en una nueva Constitución debe atender la realización en el aquí y en el ahora de las necesidades y demandas que la sociedad tiene en el presente pero con proyección al futuro. No podemos seguir construyendo obras en el presente con los planos, necesidades y lineamientos de más de treinta años.

Para no transitar más por ese camino irracional y costoso, es necesario que se discuta y se impregne en una Constituyente un nuevo rumbo país, y que además se haga presente la variable demográfica que está absolutamente ausente en la Constitución actual. No entiendo cómo por ejemplo, se puede resolver seriamente en el siglo XXI el tema de las pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte con las fórmulas viejas del pasado, que solo pensaron en la contribución tripartita de cargas en la planilla de trabajadores, Estado y patronos. No toman en cuenta las nuevas modalidades de trabajo que se muestran en la nueva sociedad, ni menos el factor demográfico, donde habrá menos cotizantes, y menor población laboral activa sosteniendo el envejecimiento poblacional que experimentará el país.

No hay nada en la Constitución de 1949 que tenga la variable demográfica como parte esencial e imperativa del diseño de una estrategia país. En mi modesta opinión, la variable demográfica debe ser un eje transversal.

Si todos sabemos que la seguridad social se nutre de los ingresos que generan los cotizantes, y con esos aportes se pagan las pensiones, está más que claro que por una parte, con menos costarricenses trabajando y cotizando, y por otra parte con más pensiones a pagar por el envejecimiento poblacional, el sistema es insostenible tal y como hoy existe en el país. La consideración demográfica es fundamental y debe ser una exigencia constitucional. Lo que ya vemos es un aumento de la esperanza de vida, un envejecimiento creciente de la población, una baja tasa de natalidad, y una fuerza laboral que envejece. Las proyecciones por ejemplo del Centro Centroamericano de población de la Universidad de Costa Rica aseguran que en el 2035 se dará el cruce de líneas, y será el año en que el país tendrá igual número de adultos mayores, que de niños entre 0 y 15 años. En el 2018 tendremos 5.000.000 millones de habitantes. Por eso, si el país quiere atender el tema de pensiones que preocupa tanto a la población, debe innovar con propuestas como pensión consumo, que financiaría las pensiones usando dinero que provoca el consumo. Cuando un día Pedro me decía que le pusiera un ejemplo de aspectos que no están en la Constitución del 49 y que deben establecerse en una nueva norma fundamental, le hice notar que el elemento demográfico era uno de los temas a incluir para que siempre en toda política pública sea considerado, y para que el país sea gobernado para adelante y no para atrás. El tema demográfico marca siempre horizonte. También le indiqué la necesidad de contemplar un nuevo esquema de financiamiento de los sistemas públicos de pensiones. Estos temas que son cardinales en nuestra sociedad deben contener normas marco y programáticas en una nueva Constitución Política.

Lo mismo pasa con el tema laboral. Una sociedad que no entienda los nuevos perfiles de las necesidades laborales, y no contemple las variables del nuevo mundo del trabajo difícilmente podrá plantear nuevos modelos de la seguridad social. Hay muchos trabajos que tienen oferta hoy que hace diez años no existían. Me refiero al desarrollo de aplicaciones entre muchos otros. Se especula que el 65% de los estudiantes actuales terminarán en trabajos que aún no han sido inventados, y que tendrán regulaciones particulares. Está determinado que en el futuro cercano, de cada diez nuevos empleos, ocho serán para trabajos del conocimiento. Habrá trabajos tan novedosos como el de expertos en implantar el caos organizado, o especialistas en monedas virtuales, terapeutas de desintoxicación tecnológica, consejeros internautas de privacidad, curadores personales de contenidos, médicos de fetos, químicos de alimentos para mejorar el sabor y textura de los alimentos, expertos en inteligencia artificial, en nanotecnología, en biotecnología, ingenieros en agricultura vertical, guías turísticos espaciales, especialista en reversión del cambio climático, policías del clima, ingenieros en vehículos alternativos, en fin un mundo nuevo con trabajos nuevos en el ámbito atmosférico, en el consumo colaborativo, en drones comerciales, en la industria de sensores, en la impresión 3-D, en el internet de las cosas, el big data, en los sistemas financieros alternativos, o en el transporte autónomo y rápido.

En los próximos 20 años más de 700 tipos de profesionales serán sustituidos por robots quienes podrán desempeñar tareas en las que trabaja hoy el 47% de la población económicamente activa.

En los próximos 20 años más de 700 tipos de profesionales serán sustituidos por robots quienes podrán desempeñar tareas en las que trabaja hoy el 47% de la población económicamente activa. Se perderán entonces miles de puestos de trabajo. Por supuesto que habrá nuevos trabajos que implicarán la creación de nuevos puestos, pero probablemente con menos espacios.

Una nueva Constitución tiene que prever esa nueva realidad que tenemos por delante y que ya se nos vino encima. Las normas constitucionales laborales no solo tienen que asegurar los derechos de los trabajadores de las distintas actividades, sino que tienen que corresponder a las nuevas formas de expresión de los factores de producción entendiendo que la flexibilidad y la innovación de los tipos de trabajo requieren imaginación regulatoria.

En consecuencia, hay muchas áreas sobre las cuales debemos reflexionar para determinar si deben incluirse en una nueva Constitución. Por ahora hemos señalado solamente tres áreas, a saber, el factor demográfico, las nuevas relaciones laborales, y la necesidad de normativas programáticas y precisas que permitan hacer que en el presente se construyan las obras de infraestructura que requiere el ahora, con visión de futuro, para que no sigan nuestros gobiernos gobernando para atrás.

Estos son insumos que se asomarán en los debates. Los ciudadanos que voluntariamente promovemos la construcción de una nueva Constitución habremos de participar con nuestras ideas, pues es justamente con la participación respetuosa democrática e inteligente del soberano que podremos concretar el hermoso sueño de tener un mejor país.

Algunos dirán que los problemas relativos a las áreas que he mencionado se resuelven con leyes ordinarias y que no es necesaria una nueva Constitución. Sin embargo muchos tenemos un criterio diferente. El problema del país no es un mero ejercicio de crear más leyes para atender problemas que nos queman. Es en especial un asunto mucho más integral y de visión política. Por eso la mera tecnocracia legal es insuficiente. Hay que construir rumbo, hay que crear horizonte político. La nueva Constitución debería ser una herramienta para ese desafío, porque es integral, unitaria, y articulada. Creemos que lo conveniente es constitucionalizar de modo programático y unitario normas que exijan y definan un rumbo claro en el ámbito de las conductas y las decisiones hacia la nueva etapa del desarrollo que requiere el país. Hay que contemplar cuando menos transversalmente, tanto la variable demográfica, como la ambiental, la de derechos humanos, la de la ciencia y tecnología, la de las nuevas formas de economía y de relaciones laborales, la de las nuevas minorías, así como los nuevos esquemas de seguridad social entre muchas otras. Debemos construir en esa herramienta el país que queremos, porque por ahora parece que no sabemos realmente qué es lo que queremos y qué aspiramos. No es sólo un tema de actualización de normas, es sobre todo un asunto de fijación de aspiraciones de co-crear esa visión compartida para soñar juntos y trabajar sobre este nuevo camino.

Muchos tenemos ideas para la nueva arquitectura nacional, pero lo importante es que esta nueva estructura podamos construirla solidaria e inteligentemente entre todos.

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Walter Coto