“A los fascistas, cualquiera sea su pelaje, sean médicos, juristas, religiosos o expertos, les decimos: son unos asesinos, por lo tanto les prohibimos terminantemente utilizar el término ‘respeto a la vida”
Simone de Beauvoir, Manifiesto por el aborto legal
Imagen tomada de Google.
Por estos días, la opinión pública retoma el debate entorno a la aprobación de la norma técnica que debe regular y estandarizar la aplicación del aborto no punible, figura consignada en el artículo 121 del Código Penal costarricense que desde 1971 permite la interrupción voluntaria y terapéutica del embarazo cuando este pone en riesgo la salud y la vida de la mujer gestante. En tanto, debido a la falta de voluntad política y a la penalización legal y social, las mujeres que desean abortar, no dejan de ser llevadas a un paradójico cadalso clandestino o forzadas a llevar a término un embarazo no deseado. Los casos de Ana y Aurora son paradigmáticos. Precisamente, la norma técnica aún sin aprobar es fruto de los compromisos contraídos por Costa Rica en el marco de un proceso conciliatorio convenido a propósito de las denuncias presentadas por ambas mujeres ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Y es que no deja de llamar la atención que durante los últimos 20 años, el número de abortos practicados en hospitales públicos es de a penas 80 —en un país que atiende aproximadamente 70 mil partos anuales—, según la Caja Costarricense del Seguro Social. La cifra de abortos intrahospitalarios tiene dos caras: por un lado, da cuenta de las pocas mujeres que consiguen sortear el sinnúmero de obstáculos que dificultan la práctica cotidiana conforme a la ley de abortos no punibles; por el otro, es síntoma de una realidad atroz y deshumanizante, precisamente porque la imposibilidad de acceder a un aborto hospitalario, en condiciones de seguridad y gratuidad, no entorpece la práctica del aborto clandestino, por el contrario, la provoca; la literatura científica comprueba esta relación de causalidad.
Obligaciones y compromisos
En su diagnóstico final, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW) enumeró una serie de ámbitos desde los que se socavan las condiciones de vida de las mujeres en Costa Rica e incluyó un apartado sobre salud sexual y reproductiva. Esto a propósito del último informe y comparecencia de nuestro Estado ante esa instancia, celebrada en sede de Naciones Unidas en Ginebra el año anterior. En cuanto a aborto, el Comité recomendó al Estado ampliar el número de causales para interrumpir voluntariamente el embarazo, de tal modo que se incluyan violación e incesto, así como descriminalizar completamente el aborto y acelerar la adopción de las directrices técnicas necesarias para garantizar la aplicación del aborto no punible y llevar a cabo campañas que apunten hacia la desestigmatización y el cambio cultural.
Sin embargo, a pesar de que el criterio y recomendaciones del Comité CEDAW son de carácter vinculante y pese a que el Estado reconoció que violó derechos humanos al negar a Ana y Aurora la aplicación del aborto no punible, en abril del año en curso nos enteramos a través de un comunicado emitido por Cancillería, que para el gobierno de Luis Guillermo Solís, en ejercicio en ese momento, no existían “condiciones políticas óptimas para aprobar la norma técnica” y, en efecto, no se honró un compromiso que el gobierno saliente formalmente contrajo desde 2015. No hay que perder de vista que esta falta de voluntad política y las formas y fondos conservadores, descansan sobre el mandato sexista de la maternidad, una condena que coloca el cuerpo y la vida de todas las mujeres en estado de excepción permanente. Y pareciera que este gobierno tiene intenciones de seguir transitando el mismo camino de sus antecesores.
La maternidad como mandato
Los obstáculos, formas de violencia por acción y por omisión y la precarización de las condiciones mínimas para que la vida sea habitable, devienen soporte para un sinnúmero de mandatos que se ciñen al cuerpo de las mujeres y lo sujetan. De acuerdo con la historiadora alemana Barbara Buden, el concepto de vida —ligado al mandato de la maternidad— es una amenaza para la misma vida de las mujeres.
Al artificio anticientífico de la “concepción”, muy propio del discurso conservador de corte religioso, hay que sumar la versión médica de la diatriba “pro-vida”: se pretende hacer del aterrizaje de un blastema en la mucosa uterina, el acontecimiento detonante de dos procesos restrictivos que se estabilizan entre sí: por un lado, la maternidad, y por el otro, la justificación “científica” de vida humana intrauterina sujeta de derechos. En este esquema, la maternidad no es un proceso de identificación voluntario, de libre elección, sino una prescripción biológica: se es madre en la medida en la que el sistema inmunológico de la mujer gestante reconozca y tolere la alteridad de una mórula genéticamente distinta a ella; ese cuerpo extraño y la relación simbiótica provisional son la marca que condena la totalidad de la vida de una persona, reduciéndola a madre, aún contra su voluntad.
La maternidad devenida destino biológico es funcional al sostenimiento de lo que las feministas marxistas llaman modos de reproducción, esa explotación —que fue invisible para el socialismo científico más clásico— sobre la que descansan los modos de producción. En corto: la división sexual del trabajo. Como argumenta Silvia Federici en “Revolución en punto cero“, los cimientos del sistema fabril son el hogar y el trabajo doméstico no asalariado, que incluye las labores de cuido y la “reproducción de la especie”. El mandato no solo encaja dentro del engranaje de un sistema de expoliación y violencia, cruzado por el sexismo, el clasismo y el racismo, también es una de sus condiciones de posibilidad; en tanto, la especie, sus símbolos y deseos de conservación-expansión se sintetizan en un feto devenido ídolo contemporáneo.
Una de las estructuras que heredan esta lógica, es el Estado-nación originado en el marco de la Paz de Westfalia, donde se concilian las prescripciones y normas culturales y simbólicas propias de la condición humana sujeta a la identificación nacional, con una forma política de organización legal, territorial e institucional muy específica: el Estado; esto si bien supuso un punto y aparte entre el viejo orden feudal y la Modernidad, terminó reforzando-actualizando aparatos de vigilancia antes exclusivamente clericales y consolidando la dimensión secular del poder pastoral que no deja de caer con más peso sobre grupos vulnerables, incluyendo las mujeres.
El conservadurismo organiza su diatriba alrededor de ese principio de preservación: “luchamos por el mejor interés de nuestros niños, porque en ellos hemos empeñado nuestro futuro. Somos pro-vida, porque luchamos contra el asesinato de inocentes que no pueden defenderse“. Esta aseveración anuncia el desplazamiento de la mujer al ámbito de la vida como pura facticidad biológica y del feto al de la vida como proceso político cuya existencia es reconocida por el Estado nacional y sus instituciones y que, por lo tanto, debe ser protegido.
La mujer que rehúsa el destino al que se la ha condenado –reproducir la especie– y desea abortar, se convierte en “soberana rival” que desafía y amenaza el poder soberano del Estado y al feto devenido depositario de los intereses de la nación: la operación de desplazamiento, en términos de despersonalización, humaniza y concede un cuerpo al feto, al embrión, a la mórula, a costa de dejar sin el suyo a la mujer gestante, arrojándola a lo que Frantz Fanon llama “zona del no-ser”; en tanto amenaza para los intereses de nacionales sublimados en la imagen del no-nacido, conviene aniquilarla despojándola de su humanidad, de todo status político, derechos y de las prerrogativas más básicas propias de la condición de ciudadanía, es decir, reduciéndola a lo que el pensador italiano Giorgio Agamben llama “nuda vida” o vida desnuda.
Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: democratizar de la democracia
En el marco del primer Acuerdo de Gobierno de Unidad Nacional, antes de que el Frente Amplio se incorporara, uno de los puntos convenidos entre Rodolfo Piza y Carlos Alvarado fue no ampliar ni por vía protocolo la legislación vigente en materia de aborto, a pesar de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado. Ahora bien, cuando el FA se suma, ese punto se remueve y también se adiciona un apartado relativo a derechos de las mujeres. En esa línea, Patricia Mora Castellanos, Ministra de la Condición de la Mujer ha reiterado en múltiples ocasiones su compromiso con la aprobación de la norma técnica para implementar el aborto no punible, postura que también sostuvo durante el cuatrieno anterior, en su calidad de diputada y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Sin embargo, hace unos días Giselle Amador, Ministra de Salud, dijo en prensa que debido al compromiso contraído por el Presidente con su Ministro de la Presidencia, la aprobación de la norma no es prioritaria, esto pese a que formalmente no existe acuerdo de ningún tipo entre Alvarado y Piza, cuando menos en el contenido del acuerdo PAC-PUSC-PFA. Podríamos estar, entonces, ante la continuación de la falta de voluntad política de un sector mayoritario del gobierno.
A este respecto, no hay que perder de vista que el PAC se reelige en buena medida utilizando como herramienta discursiva la defensa de la democracia frente al autoritarismo y clericalismo de Restauración Nacional. Ahora bien, la democracia no se reduce al ejercicio procedimental mínimo y torneo electoral propio de su dimensión liberal, para defenderla, necesariamente hay que democratizar el Estado, haciendo efectivo uno de sus presupuestos más básicos: la protección de todas las personas que lo habitan y este proceso pasa por reconocer que las mujeres permanecen presas de una dictadura corporal que las constriñe y niega derechos. También, el gobierno en ejercicio consigue llegar a Casa Presidencial porque el PAC se concibió a sí mismo como defensor de los principios mínimos del Estado de Derecho —esto debe incluir la generación de condiciones reglamentarias que hagan posible el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a aborto—, de la separación Estado-Iglesia y porque reconoce las competencias y alcances jurisdiccionales del derecho internacional, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otras instancias supranacionales, incluyendo al Comité CEDAW.
La prohibición del aborto, o para el caso de Costa Rica, la carencia de norma técnica que permita la aplicación del aborto no punible, crea las condiciones para la clandestinidad, reproduciendo un patrón de poder magistralmente descrito por Agamben, cuando define nuda vida como aquella que permanece dentro del ámbito de la política, pero en forma de excepción: incluida mediante su exclusión. Entonces, la clandestinidad no es ajena ni externa al Estado, sino que es creada por este en su seno. La mujer que se ve forzada a practicarse un aborto clandestino, afirma su status político y derechos al margen de la ley, porque la misma ley la condiciona a moverse a hurtadillas y en las sombras, imponiendo restricciones que socavan su autonomía al mismo tiempo que la exponen a la clandestinidad, donde las mujeres no pocas veces resultan asesinadas en absoluta impunidad. Digo asesinadas, precisamente porque el Estado participa activamente de la creación de las condiciones que producen estas muertes.
Será obligación de las personas que votamos en contra del fundamentalismo religioso, recordarle al gobierno la deuda que tiene con las mujeres, cuáles son sus obligaciones y compromisos, de tal modo que se haga responsable por sus acciones y omisiones.
¿De qué me sirvió ser niño, si al crecer me vería forzado a convertirme en un hombre?