¿Qué se supone que debería lograr la política criminal en Costa Rica?

Como ciudadanos, al valorar el desempeño de cualquier política pública, debemos tener bien clara la respuesta a las siguientes cuestiones: ¿cuáles eran los problemas sociales que se suponía que dicha política pública debía solucionar? En otras palabras, ¿cuál era su finalidad? En segundo lugar, cuáles fueron las consecuencias reales que tuvo la implementación de esa política.

Estas preguntas son un primer y necesario paso para apreciar qué queríamos que esa política lograra, qué posibilidades tenía de lograrlo y si lo logra (o no).

Nos concentraremos en la política criminal costarricense (y occidental) a partir de la primera cuestión. Luego, inquiriremos qué posibilidades reales hay de alcanzar dicha finalidad con los medios que se dispone.

Preguntémonos, ¿qué se supone que debería lograr la política criminal en Costa Rica? La posición habitual dice: Con la política criminal debería reducirse la delincuencia. No creo que esta respuesta sorprenda a nadie. En cambio, un asunto mucho más interesante es cómo podría conseguirse tal maravilla. El argumento estándar va más o menos como sigue. La gente comete delitos porque obtiene beneficios al cometerlos. A diferencia de otras actividades, para obtener dichos beneficios necesariamente se perjudica (sin autorización) a otras personas. Esto no está bien.

Ahora, si es cierto que se cometen delitos porque hay beneficios al cometerlos, entonces, podríamos incidir en la delincuencia de dos formas. La primera consiste en incentivar positivamente que las personas obtengan beneficios de otras formas diferentes a los delitos. Esto se logra, especialmente, promoviendo aquellas situaciones sociales que hacen que una vida diferente a la delictiva tenga más beneficios que dificultades. Por ejemplo, favoreciendo que poblaciones excluidas tengan acceso a fuentes de trabajo dignas y (clave) extendiendo las oportunidades para mejorar sus niveles de vida.

La segunda estrategia consiste en des-incentivar que las personas cometan delitos aumentando los costos de realizarlos. Aquí hace su entrada “triunfal” la política criminal. Esta (dice el cuento) genera mayores costos que beneficios a los delincuentes o a las personas que están pensando en serlo. Para esto, se sirve de dos instrumentos.

En primer lugar, establece penas mediante las que se amenaza a quien podría tener interés en realizar un delito. En segundo lugar, maneja una serie de instituciones (de gente) que debe asegurarse que quien cometa un delito, reciba la pena. Sin esto, la amenaza de penalización no surtirá ningún efecto en la toma de decisiones, pues los agentes sabrían que no se les impondrá sanción alguna por actos delictivos.

Hasta aquí, los criminólogos, sociólogos, juristas y economistas más o menos están de acuerdo. Abordemos ahora qué posibilidades reales tiene la política criminal occidental de lograr la finalidad que se plantea, utilizando los dos instrumentos ya descritos.

Los primeros que abordan mal el tema de las consecuencias reales, son los abogados (para sorpresa de nadie). Básicamente, porque los abogados (y también los teóricos del derecho) son educados y están acostumbrados a tratar de forma no científica los temas sociales. Lamentablemente muchos abogados son leguleyos: saben de leyes y nada más. En los temas sociales, parten –en el mejor de los casos- de su conocimiento prudencial y –en los peores- de sus meros prejuicios. Por suerte, las ciencias sociales sí han trabajado el tema que nos ocupa y nos arrojan un panorama interesante.

El enfoque desde la criminología

La criminología lleva décadas presentando estudios testados en múltiples lugares de occidente. Estos reiteran más o menos las siguientes conclusiones: mantener alguna penalización sí juega alguna incidencia -estadísticamente relevante- a la hora de des-incentivar algunas conductas delictivas. Sin embargo, las variaciones en los montos de las penas no tienen efectos proporcionales en el desestimulo de las conductas. En otras palabras, una pena de 40 años de prisión no es proporcionalmente más temida que una de 35 o a una de 30 años. Sencillamente, la mayor parte de las personas no se puede imaginar la diferencia, por lo que no hay posibilidades de que afecta sus decisiones. En cambio, el aumento en la probabilidad de captura y condena sí juega un papel mucho mayor. En otras palabras, la amenaza político criminal es más efectiva en una sociedad en la que hay baja impunidad. Incluso, algunos experimentos han mostrado que la presencia policial en un lugar des-estimula la realización de ciertos delitos en ese espacio.

Pero si lo anterior es correcto, debemos ver con ojos muy críticos la estrategia político criminal que en Costa Rica se ha promovido. En efecto, se ha hecho creer a la ciudadanía que se está trabajando en contra de la delincuencia mediante la aprobación frecuente de leyes que aumentan los montos de las penas (en especial de prisión). Sin embargo, las ciencias insisten que dichas medidas inciden muy poco en la decisión de realizar actos delictivos. Además, tales reformas legislativas tienen multitud de efectos negativos, el más inmediato de los cuales es el hacinamiento carcelario y todo lo que conlleva (hablaremos en otra ocasión sobre este asunto).

Ahora bien, si esto es lo que nos muestran cantidades de estudios criminológicos y sociológicos, ¿sería sensato invertir todo el recurso social para desaparecer la impunidad? La respuesta es no. Veamos por qué.

Primero, para lograrlo se requeriría una inversión altísima de los recursos generados por una sociedad. Estos recursos no serían utilizados para otros fines también valiosos. Lo segundo es que la perspectiva de una vida en una sociedad que esté a un paso de Minority Report podría resultarnos no muy tentadora (por lo menos a mí no me lo parece).

La tercera es una consideración que afecta la idoneidad de toda la estrategia política criminal. Todo lo que hemos dicho se aplica a una clase de delitos que algunos criminólogos llaman económicos. Estos son aquellos delitos cuyo principal motor es obtener beneficios económicos (p.e. robos, secuestros, extorsiones). En esos casos, las personas consideran costos y beneficios de sus acciones (veremos en otra ocasión por qué también esto hay que manejarlo con pinzas). Tiene sentido hablar de incentivos o des-incentivos sólo en acciones en las que están muy presentes esta clase de decisiones.

Empero, hay tipos de acciones delictivas que no se ven desincentivados por amenazas, aún si dichas amenazas se cumplieran con altísima probabilidad. Me refiero a todos los delitos causados por patologías, sean psicológicas y/o psiquiátricas. Tampoco los delitos pasionales se ven muy influidos por consideraciones de costos y beneficios. Aún en los delitos económicos, muchas veces las decisiones se ven parcialmente motivadas por respectos diferentes a los costos y beneficios.

De forma que incluso en el estado estalinista con el que sueñan ciertos diputados y abogados gurús del derecho penal, seguiría existiendo delincuencia. Al tiempo, tendríamos que asumir la multitud de consecuencias indeseables mencionadas anteriormente.

Veamos todo el paisaje de nuestra disquisición

Nos hemos preguntado cuál es el problema social qué la política criminal se supone debe solucionar.

Luego, hemos reconstruido un modelo de decisiones, estímulos y des-estímulos que explica cómo funciona la política criminal (por ejemplo, el modelo de Becker).

En tercer lugar, nos preguntamos si los estudios y experimentos sociales permiten mantener este modelo tal y como se propone. La respuesta a esta pregunta es bastante matizada: se acepta que alguna pena puede desestimular, a veces, la realización de algunos delitos. Sin embargo, no parece que la decisión de realizar conductas delictivas responda causal y proporcionalmente al aumento de los montos de las penas. Finalmente, aunque el aumento en la probabilidad de captura y condena parece ser mucho más importante, llevarlo al extremo necesario para desaparecer la impunidad conlleva también muchos costos que puede no estemos dispuestos a asumir. Como si fuera poco, es probable que seguiría existiendo delincuencia. De forma que la política criminal y sus instrumentos no salen bien parados ante nuestra evaluación sobre lo que pueden lograr.

Quizás sea tiempo de pensar en una política para la seguridad que tiene poco que ver con la criminal. Algo dijimos sobre esto líneas atrás. Consiste en propiciar positivamente que las personas lleven su vida de formas diferentes a la delictiva. Esta política coincide con la llamada prevención primaria o de seguridad humana (ILANUD, PNUD) y consiste en la amalgamada y complicada combinación de políticas que apoyen una sociedad inclusiva social y económicamente (generando oportunidades objetivas –p.e. trabajo- y subjetivas –v.g. educación desde la temprana infancia–).

Con todo, cabe decir algo en favor de la política criminal. Las políticas en favor de la seguridad humana pueden dar resultados importantes a mediano y largo plazo. Sin embargo, (por las causas que sean) lo cierto es que hoy día en Costa Rica (como en el resto de Latinoamérica) existe un fenómeno social complejo, llamado delincuencia. Este fenómeno se fue gestando a través de muchos años y no se va a ir pronto. Algo debemos hacer en el corto plazo para paliar un poco este problema social.

Para enfrentarlo en el corto plazo, una política criminal sensata y científica podría mitigar el crecimiento de algunas clases de delitos. En tal política, la cuestión penitenciaria es importantísima.

Sin embargo, no debemos olvidar que la política criminal nada puede lograr para disminuir de forma sostenida este fenómeno a mediano y largo plazo. Para eso, requerimos –insisto- otra clase de política.

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Algunos pocos materiales (de un océano inabarcable) para seguir estudiando estos temas

Tempranamente, las investigaciones de Zimrig y Hawkins (de la Universidad de Berkeley) llegaron a los resultados que mencioné en este escrito. Sobre los efectos de la presencia policial en una comunidad, Ian Ayres reúne datos sugestivos en Estados Unidos. Los interesados pueden consultar su perfil académico.

Siempre es recomendable revisar los ejemplos de políticas preventivas exitosas reunidos por Irvin Waller en su Menos represión más seguridad. Este es un trabajo traducido al español y amigable con quien no es especialista en estadísticas. El Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente y el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México publicaron una edición para Latinoamérica.

Sobre política criminal y Escandinavia, pueden verse los estudios de Tapio Lappi-Seppälä (del Instituto de Criminología y Política Legal, de la Universidad de Helsinki). Mediante este vínculo pueden descargarse muchas de sus investigaciones.

También recomiendo los trabajos Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Tres de Febrero de la Argentina. Ahí se abordan muchas políticas y resultados en Latinoamérica.

Fotografía: Ministerio de Justicia.
Alejandro Guevara Arroyo

Estudié derecho y filosofía. Trabajé algunos años dando clases sobre argumentación y filosofía del derecho en la UCR e investigando sobre políticia criminal en el ILANUD. Hoy día me dedico a investigar una variada gama de temas que me apasionan.

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