¿Qué pasa con la Justicia y por qué se ha vuelto la corrupción “fenómeno común” en Centroamérica?
Centroamérica se enfrenta en una lucha común en la cuál cada quien, según sus intereses más pertinentes y su “Elección Racional” está defendiendo actos que van en contra de la ley, volviendo ley – recurrencia de nuestros legisladores – todo aquello que los coloca o defiende de infractores de la ley. Costa Rica como nación centroaméricana no se escapa de esta disputa e inclusive posee un incremento de impunidad desde al año 1998 en adelante, según el Impunómetro de Jurisis Victimología.
Para desarrollar la temática, es necesario tener de relieve el término de Justicia, que si bien posee muchos significados, es también entendido según intereses de la ley y busca siempre en todo orden -en su defecto por ser de orden público- partes involucradas para establecer una verdad sobre los hechos. Esto bajo el resguardo de un juicio con su selecto tribunal o juzgado penal que determina los culpables del caso.
Estamos diseñados por un deber ser a comprender que en el orden global debe haber un bien y un mal. Lo que está permitido por la ley y lo que se faculta de ella para ser permitido. En este estricto sentido es que nos cuestionamos. ¿cómo es posible que se den fenómenos como la impunidad y por qué esta clase de fenómenos son auspiciados por defensores de la Justicia en nuestras naciones?
Una idea sobre la Impunidad
La impunidad que se entiende como el acto de salvedad frente a lo punitivo o al castigo, es una conducta que por su naturaleza, le concede a quienes han cometido delitos – de hurto, homicidio, violaciones, etc – no ser condenados por múltiples factores – o excusas -, que abarcan desde la buena ejecución en defensa de la ley, hasta falta de hallazgos de la pruebas para poder condenar a quién haya cometido atrocidades. Impedir que se sancionen a personas como; el patrono que fue sospechoso de la muerte de la periodista Ivannia Mora y quedó libre por falta de evidencias, o bien como el hombre del cuál encontraron evidencias de su vello púbico en el saco donde hallaron fallecida a la niña Josebeth Retana y no fue condenado por que el Fiscal nunca se pudo poner de acuerdo con los demás; y para no perturbar mucho más la nota, el caso de ‘Crucitas’ involucrando a los hermanos Arias, al vicepresidente Luis Liberman y al Ministro de Educación Eduardo Garnier en la administración 2014 que fueron investigados por tráfico de influencias o los cinco años que se ha tomado la Fiscalía investigando el caso de la Refinería China por daños a hacienda; y por último la investigación sobre el mal manejo de 2 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica que casi le cuestan a Otto Guevara el precio del tinte de sus ‘canas’, y sí, créalo o no este es nuestro sistema judicial, donde la justicia no es pronta; mucho menos cumplida.
Para establecer un panorama en Costa Rica
La impunidad en nuestro país es definida de tres formas: la impunidad que ocurre por falta de evidencias, la que ocurre por corrupción -qué es en sus variables la más preocupante – de la mafia, por poderío de las organizaciones y la que se da por ineficacia ya que el sistema y quienes lo promueven auto-contemplan las represalias que pueda tener enfrentar a actores políticos o personas de mayor clase.
Según el informe más actual del Estado de la Justicia, que es parte de los estudios desarrollados por el equipo del Estado de la Nación, Costa Rica no se ha quedado por fuera del grupo de naciones donde en el Siglo XX la judicatura adquiría un papel mucho más relevante en el ejercicio de sus deberes. El poder judicial se convierte en un actor más presente del sistema de gobierno democrático que también es parte de conjeturas o redes de poder. Dada esta misma línea, encontramos muchas inflexiones que nos explican lo conflictivo que ha sido para el poder judicial llevar a cabo las condenas y bajo qué capa es que hasta hace menos de una década el 97% de los casos se identificaban en estado de impunidad, en su defecto rechazadas por la Corte.
En el quinto capítulo del Informe del Estado de la Justicia, se distinguen varios hallazgos que explican la transformación del quehacer del Poder Judicial en cuanto a sus ejercicios en materia de Sala Constitucional;
- Ha disminuido la capacidad en toma de decisiones por parte de la Sala Constitucional, para votar los casos unánimes. En el año 2005 el 80% de los casos eran unánimes y ya para el 2015 el corte dio detalles de un 45%. Es decir, los consensos están siendo cada vez más dificultoso por parte de los miembros.
- Del año 1990 al 2015, los principales casos recibidos por acciones de inconstitucionalidad eran sobre tema penales, de trabajo, de tránsito y tributarios.
- En esas mismas fechas, se presentaron 8.754 acciones de inconstitucionalidad, de ellas un 2,75% fueron ingresadas y solo un 1% emitidas.
Y si quiere llevarse una sorpresa más, refiérase al Art. 110 de la Constitución Política, donde le otorga a los Señores y Señoras diputados ‘Inmunidad’ que si bien puede ser excusada por “su cargo de representación en el congreso”, no es posible que lo transforme de un “empleado público”, a un “servidor o funcionario público” en su lenguaje, por la vaga idea de ser de un diputado de la República. Por otro lado, – cito la Sentencia 9685-00 -; donde le concede
” (…) a los miembros de los Supremos Poderes, por razón del cargo y de la función desempeñadas, se encuentra el denominado “fuero” o “privilegio constitucional” mejor conocido como inmunidad, que implica un obstáculo en el ejercicio de la acción penal (…) por razones de interés político se protege la investidura del sujeto para garantizar la continuidad del servicio público y evitar interrupciones inoportunas que podrían causar mayores daños al interés público”.
Caso de Guatemala
En Guatemala, nuestra nación hermana, se ha estado gestando una lucha de gran relevancia nacional. El pasado miércoles 20 de Setiembre se llevó acabo el Paro Nacional en contra de la corrupción, #20S, donde decenas de miles de personas se agruparon en la Plaza de la Constitución denunciando los altos índices de corrupción que hay en su país. En este síntoma, el caso de el Presidente Jimmy Morales, donde los diputados están debatiendo sobre si llamarlo a un antejuicio, a pesar de que la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y Fiscalía) exigieron hace dos meses que se le retire la imnunidad.
Poder ciudadano en plaza pública
Guatemala, en la lucha en contra de la corrupción; es una insignia viva de trabajo de hace años. En la Plaza de la Constitución, en el #20s, dos movimientos paralelos, por una lado el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y la Asociación de Estudiantes de la Universidad de San Carlos (AEU), marcharon y realizaron un acto muy simbólico, cambiando la tradicional bandera de tonos celestes que está en medio de la plaza, por una bandera con tono negro, acorde a los actos de corrupción que han vengado tantos años de gobernanza en Guatemala.
Llamado a un concentración nacional
El Frente Gremial del Poder Judicial, ha realizado una convocatoria el miércoles 27 de Setiembre en la Plaza de la Justicia a las 10:00am. Acogiendo la consigna: “demuestre que no le entregará su país a la corrupción”, le exigen a la Corte Plena la completa transparencia en los procesos de investigación que se están llevando a cabo sobre el cemento chino y el crédito del Banco de Costa Rica.
El Poder Judicial se encuentra en un proceso donde goza de importancia y de opinión pública sobre los procesos de gobernanza, sin embargo, estos privilegios se están poniendo en serios cuestionamientos por investigaciones donde el magistrado Celso Gamboa y el Fiscal del Poder Judicial Jorge Chavarría están en el punto crítico, ya que se les ha llamado a dar declaraciones sobre los créditos bancarios, vínculos con Juan Carlos Bolaños y en palabras de Jorge Chavarría: se ha armado “un chispero” en redes sociales.
Los cuestionamientos son cada vez más altos, ya que Celso Gamboa, por ejemplo se creó su propio blog con fines de estar defendiendo todo lo que la prensa y otros medios argumentan sobre él, para más información verifique: el escrito sobre “El doble discurso y el oportunismo moral de Arroyo” o “Sensacionalismo y mala fe” de esta forma está volviéndose víctima y hacedor de su propio atolladero informativo, o en nuestro vocablo “sacando jacha.” Esperemos que con el tema que reveló Diario Extra donde aseguran que un segundo audio revelaría su vínculo con Mariano Figueres Así como enfrentó el día de ayer, a la Revista Pacquidermo por Twitter, mejor véase como el Magistrado está lidiando con los Elefantes. Dudo mucho que a Gamboa los blogs le alcáncen para darle respuestas a todo pueblo.
En conclusión, estamos ante una coyuntura crítica donde es necesario conocer detalles estadísticos que demuestran la actual situación en nuestro país, y en la región centroamericana. En el estado actual de la justicia y como el Poder Judicial se hace cargo de él, tenemos el deber de denunciar la corrupción, de incriminarla como un acto que fomenta en nuestra región dos principales flagelos que nos separan mucho de una Democracia verdaderamente transparente: la desigualdad y la inseguridad nacional.
Frente a estas problemáticas como ciudadanos debemos defendernos denunciando que el Poder Judicial no puede declararse con la potestad para ser: ni impune ni autómata.
Editor
