Una introducción accesible a un concepto que no terminamos de entender.
Ante la noticia de que un juez dejó en libertad —condicional— a una madre, tío y abuela que torturaban a una niña de 4 años, muchas personas en redes sociales recurrieron al conocido “este país es una mierda” y al clásico “no entiendo por qué estas cosas pasan”. Este texto pretende —de forma resumida— ayudar, precisamente, a entender por qué “estas cosas” pasan.
Empecemos por lo más sencillo: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede ser sospechoso o acusado de cometer un delito, pero esto no basta para que lo metan a la cárcel. Quienes lo acusan (en este caso la Fiscalía) tienen que demostrar (en un juicio) que usted es culpable del delito por el que se le acusa.
La presunción de inocencia está amparada en varios artículos de distintas leyes, convenios internacionales y nuestra Constitución Política. Es decir, es parte fundamental de la construcción de nuestra democracia y del país como un Estado de derecho. Si desea profundizar puede leer los artículos 39,41, 153 y 166 de nuestra Constitución Política, el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y los artículos 9 y 10 del Código Procesal Penal.
¿Qué son las medidas cautelares?
Básicamente son acciones preventivas que ordena un juez con la intención de evitar que el estado de las cosas se altere o modifique en perjuicio de la efectividad de la sentencia. Es decir, se procura que no se ponga en peligro lo que se resuelva en sentencia (sin prejuzgar el resultado final), de modo tal que esta surta pleno efecto. Algunas medidas cautelares utilizadas son: presentarse a firmar cada 15 días, impedimento de salida del país, prohibición de acercarse a la víctima y, la más solicitada por las personas, prisión preventiva.
¿Qué es la prisión preventiva?
Es una medida cautelar excepcional dentro del proceso penal que pretende asegurar el descubrimiento de la verdad real y la actuación de la ley. No es una condena anticipada (como muchos parecieran interpretar) y tampoco es la regla, sino la excepción. No es un castigo: es una medida de prevención (muy particularmente orientada a prevenir que la persona eluda la responsabilidad de enfrentar la justicia). Es importante entender que no a todos los sospechosos se les puede imponer la prisión preventiva como medida cautelar; esta depende de cada caso y de cada sospechoso.
A pesar de lo que pareciera percibir la opinión pública en Costa Rica más bien se ha abusado de la prisión preventiva (quizá esto explique la desinformación generalizada), al punto en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le llamó la atención al país el año pasado. En enero de 2016, Costa Rica tenía 2530 personas en prisión preventiva, lo que representa el 18% del total de la población detenida en centros penitenciarios, según cifras oficiales que citó la Comisión, Dadas las condiciones de hacinamiento carcelario de Costa Rica es de todos modos insostenible (superior al 50% a inicios del 2016) que se pretenda flexibilizar la aplicación de la prisión preventiva (medida de todos modos sería ilegal e inconstitucional).
Es importante que nos quede claro que el espíritu detrás del principio de legalidad y de la presunción de inocencia es impedir que personas inocentes sean condenadas. Por eso es que quien acusa debe probar que el acusado es culpable. Por eso es que no encarcelamos a la gente antes de que se haya establecido su culpabilidad en un juicio (debido proceso). Por eso es que la prisión preventiva (como medida cautelar para asegurar el acatamiento de la sentencia) es la excepción, no la regla. Que no haya prisión preventiva no implica bajo ninguna circunstancia que no hay proceso, o que la persona quedó libre.
Por último: recordemos que estas reglas también nos aplicarían a usted o a mí, son una garantía para todos de que no habrá arbitrariedad en nuestra contra. Confiar en el Estado de derecho implica aceptar que hay reglas y plazos y que las masas enardecidas reclamando venganza terminan pareciéndose más a quienes cometen actos de violencia que a quienes sueñan con un país menos violento, que se mueve desde la prudencia y el buen hacer.
¿Soluciones?
A la desinformación: informarse. Reproducir la información correcta y veraz.
Al hacinamiento… depende del enfoque con que se mire. Una solución (muy popular) es crear más cárceles, más celdas y más edificios para meter ahí a todo el que incumple con la ley. Otra medida (menos popular) es modificar las penas y reducir las que impliquen ir a prisión, es decir, pensar en penas complementarias y replantear la idea de que delito = prisión.
De cualquier forma, la mejor solución es dejar de crear criminales. Esto, por su puesto, requiere un esfuerzo mayor, pero, a su vez, también, una recompensa mayor. El país debe educar mejor a sus habitantes, generar más oportunidades de empleo y fortalecer la seguridad en las calles, barrios y comunidades.
El #8M las mujeres de Costa Rica confluimos en un llamado unificado y combativo para sumarnos al Paro Internacional de Mujeres.
Así se lee en el comunicado oficial de un colectivo de mujeres que se representan a sí mismas y que está detrás del movimiento Ni una menos Costa Rica. Durante las últimas dos semanas este grupo de más de 60 mujeres de diversas procedencias y posiciones políticas se han dado a la tarea de organizar la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer.
Esta conmemoración tiene sus orígenes en varios de los movimientos a favor de la paz durante la Primera Guerra Mundial. Ante la muerte de 2 millones de soldados rusos en la guerra las mujeres de este país se alzaron en huelga (en 1917) para exigirle a la monarquía pan y paz. Cuatro días después el Zar abdicaría, y el gobierno provisional le daría a las mujeres el derecho al voto. Esto sucedió el domingo 23 de febrero, según el calendario juliano, 8 de marzo en el calendario gregoriano utilizado en occidente. Es en 1975 cuando las Naciones Unidas, en el marco de la celebración del Año Internacional de la Mujer, conmemora el primer Día Internacional de la Mujer un 8 de marzo.
Este año Naciones Unidas ha establecido como tema para la conmemoración: «Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030», lo cual se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se apela entonces a la búsqueda de la equidad y la igualdad de oportunidades para las mujeres mientras se brinda homenaje a aquellas mujeres obreras que dieran inicio a los movimientos feministas en Petrogrado hace 100 años.
Costa Rica se une al Paro Internacional de Mujeres
¿Cómo nace el paro?
Distintas fuerzas paralelas fueron desarrollándose a partir de una serie de eventos clave como el Lunes Negro en Polonia (3 de octubre, 2016), la manifestación masiva en contra de la violencia de género convocada por #NiunaMenos y otras 50 organizaciones en Argentina (19 de octubre, 2016), la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (noviembre 25) y el Women’s March (21 de enero, 2017). Las polacas tomaron la iniciativa de contactar a mujeres de distintos países hasta consolidar una consigna común: “La solidaridad es nuestra arma”. El colectivointernacional tomó la decisión conjunta de conmemorar el Día Internacional de la Mujer con el Paro Internacional de Mujeres.
Más de 35 países se han unido bajo las consignas “¡Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras!”, “¡Juntas podemos hacer temblar la tierra!”, “¡Nosotras paramos por las que no pueden!”, “¡Vivas nos queremos!”, “¡Ni una menos!”. Costa Rica decide así sumarse a la movilización, convocando a las mujeres del país a organizar paros de labores en sus espacios de trabajo de 11:00 a.m. a 12:00 md, o durante todo el día, sumado a esto se realizará una marcha que saldrá del Parque Central a las 5:00 pm el próximo miércoles 8 de marzo, y hará un recorrido por diferentes calles del centro de San José.
En esta fecha recordamos que Costa Rica NO es un lugar seguro para nosotras mientras siga siendo un estado confesional, donde la iglesia -especialmente la católica- y los medios de comunicación refuerzan las prácticas violentas en contra de las mujeres, ingiriendo en las políticas públicas a costa de nuestrxs cuerpxs. Agresores, acosadores callejeros, abusadores, padres que violan y embarazan a sus hijas bajo la lógica de que son “suyas”, y una sociedad que no es capaz de enjuiciar a los perpetradores y mucho menos de reconocer el derecho al Aborto Terapéutico, continúan impunes.
Gracias a la coordinación solidaria de distintas partes de la organización se contará con la participación de la Red de Mujeres Rurales, asegurando así una mayor representatividad de la población femenina costarricense en la movilización. Si usted no puede unirse a la marcha puede conocer otras formas de unirse a la manifestación en parodemujeres.com.
A propósito del Bicentenario de la Independencia costarricense han surgido algunas iniciativas que, más que fortalecer pareciera pretenden disolver el sistema democrático costarricense.
Por ejemplo, una vez más se convierte en discusión nacional el llamado a convocar a una Asamblea Constituyente. Se trata de una idea recurrente cuando se alude a la necesidad de efectuar cambios en el funcionamiento del aparato estatal.
Reforma de Estado y reforma total de la Constitución no son términos equivalentes.
Puede haber temas puntuales para lo primero que requieran, también, cambios concretos de la Carta Magna. Sin embargo, por algún artilugio argumentativo, aquello suele trocarse, casi siempre, en una propuesta de reforma integral a la Constitución. Para saber la razón de ello convendría analizar el contenido de aquellas propuestas. Alpízar y Chacón (2013) muestran cómo, de 1990 a 2013 se gestaron, al menos, 27 propuestas de reforma del Estado, una de las cuales contemplaba la reforma integral a la normativa básica fundacional y aunque el resto no aludía específicamente a este tema, sí comprendía modificaciones sustanciales en el sistema político y regulatorio con las cuales se implementaba un modelo económico tendiente a la reducción del aparato estatal, la disminución de derechos políticos y sociales y sin mayor relación con los temas claves de desarrollo humano mencionados en varios de los informes del Estado de la Nación. Dicen esos autores:
“…el Informe de la Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática-2013 plantea 14 sugerencias para cambiar el funcionamiento de la Asamblea Legislativa teniendo en cuenta criterios de eficiencia legislativa y no necesariamente de fortalecimiento del debate y profundización de la democracia (…) esta última Comisión replantea, además, elementos profundos de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y propone mecanismos de control como la disolución de la Asamblea y el Gabinete que podrían representar fuente de inestabilidad y crisis (…) propone profundos cambios en el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, en el derecho procesal, expropiaciones y una limitación en el desarrollo constitucional de derechos prestacionales (servicios públicos) según las capacidades y condiciones objetivas del Estado (…) Buena parte de las propuestas ejecutadas en la década de 1990, como por ejemplo la reestructuración interna de instituciones estatales (…) coinciden con el discurso ideológico de reducción del aparato estatal (…) Las reformas propuestas por MIDEPLAN en 1994 incorporan una visión de Estado con menos intervenciones, reducido y con funciones redefinidas y ejecutadas para alcanzar una mayor eficiencia, lo que en la nueva gestión pública se conoce como “vaciamiento” del Estado. Esto se refleja en los proyectos aprobados de privatización, reestructuración y el programa de movilidad laboral (…) la Tabla 3 permite ver interesantes tendencias como, por ejemplo, la poca atención que ponen las propuestas de reforma del Estado a los asuntos ambientales y los relacionados con la equidad y la integración social. También resulta claro que las propuestas se concentran en atender la dimensión económica y la política”. Alpízar y Chacón (2013: págs. 6; 10-12; se suplen las negritas).
En 2008, el ex ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez expresamente aceptó que la reforma estatal pasaba por convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y eso era más viable de lograr a través de un referéndum (La Nación, 01 de diciembre de 2008).
No extraña, por tanto, que el tema esté en la palestra política nuevamente, aunque, quizá, la diferencia más significativa con aquellas propuestas sea la aceptación del Tribunal Supremo de Elecciones respecto a la iniciativa del Movimiento Nueva Constitución CR liderado por el exdiputado liberacionista Alex Solís Fallas para la recolección de firmas para el referéndum (resoluciones No. 8455-E9-2016 y No. 328-E9-2017 del 14 de febrero de 2017).
Por la importancia que, para la vida institucional, tiene esa iniciativa, me referiré a ella, tanto en su contenido como en su promoción bastante superficial para, finalmente, mostrar algunas aporías del pronunciamiento del Tribunal Supremo de Elecciones.
I.- Una promoción demagógica
La iniciativa en comentario ha tenido dos momentos.
(A) En el primero de ellos, en el texto de convocatoria expresamente se señaló la posibilidad de elegir constituyentes mediante formas de organización empresarial, sindical, solidarista, cooperativista, ecologista y profesional y hasta mediante postulaciones individuales (artículo 2)…en fin, a través de mecanismos diferentes a los partidos políticos. Esto, sin duda era un atractivo para quienes se han sentido excluidos o traicionados por los grupos tradicionales de participación política y que, en otras latitudes, ha conducido a elegir popularmente opciones inimaginables en otros momentos históricos. Asimismo, se consignó, en el artículo 20, un mínimo de garantías intocables, pues los constituyentes: “…se comprometen ante el pueblo de Costa Rica a no eliminar ni disminuir los derechos y garantías fundamentales contenidos en la Constitución vigente, de manera especial los de contenido social o los asociados con la propiedad privada”, lo cual, además, generaba la falsa convicción de que “no había nada que perder” y todo era ganancia para todos.
Sin embargo, ambas consignas eran, desde el punto de vista del Derecho Constitucional, un despropósito pues una de las características definitorias del poder constituyente es la de carecer de límites y la ley de convocatoria se emite en el marco constitucional actual, el cual solo le otorga posibilidad de organización política a los partidos. Así lo había indicado la Sala Constitucional, mediante jurisprudencia vinculante, en el voto No. 456-2007 a raíz de una acción incoada por uno de los promotores de esta convocatoria por lo que no era razonable que se ignorara su contenido, como tampoco que se desconociera el otro tema. Tanto fue así que el Tribunal Supremo de Elecciones, mediante resolución 6187-E9-2016, del 13 de setiembre de 2016, rechazó esa primera propuesta. De dicha resolución conviene extraer lo siguiente:
“…solo las agrupaciones políticas pueden realizar las nominaciones, en tanto son el único tipo de asociación constitucionalmente legitimada para presentar listas de candidaturas a los diversos cargos representativos de escala nacional (este criterio de primacía ha sido sostenido por la Sala Constitucional en la sentencia n.° 2865-03). En otros términos, el Texto Político Fundamental conceptualiza a tales agrupaciones como interlocutores privilegiados del diálogo político y actores de primera línea en los eventos comiciales, dotándoles de un régimen especial de funcionamiento y financiamiento pero, además, otorgándoles el monopolio de nominación antes citado (artículos 96 y 98 de la Constitución Política costarricense). (…) en la sentencia n.° 2771-03 de las 11:40 horas del 4 de abril de 2003, el Juez Constitucional costarricense estableció que (…) afectar negativamente los derechos fundamentales, ni los sistemas político y económico (…) tales “decisiones políticas trascendentales” están reservadas a la mayor expresión de soberanía: la Asamblea Constituyente (cuya previsión está en el artículo 196 del referido texto normativo). Sobre esa línea, el indicado precedente precisa que “las decisiones políticas fundamentales corresponden exclusivamente al pueblo como soberano a través de la competencia que delega en las asambleas nacionales constituyentes, electas para este efecto y representativas de la voluntad popular general”, de donde se extrae que tales asambleas son la expresión máxima de soberanía y, en ese tanto, no tienen límites en cuanto a su poder reformador. Por ello, no se podría –a través de una ley de convocatoria– limitar las competencias de la Asamblea Constituyente. Por definición, tal cuerpo colegiado es el máximo poder jurídico-político que se estatuye en los Estados para tomar las decisiones trascendentales de organización y diseño institucional, así como del régimen de derechos de los habitantes del país” (el destacado se suple).
Es decir, aunque la iniciativa era producto de profesionales en derecho expertos en la materia, no se respetaron conceptos básicos del Derecho Constitucional y se pretendió que los y las costarricenses creyésemos en la viabilidad de aquellas referencias atractivas. De haberse aceptado tal cual fue redactada la iniciativa, tales cláusulas devendrían luego en nulas, por inconstitucionales, aunque el resto del articulado (que generaba la habilitación del referéndum) se mantuviera.
“Desde hace décadas estamos estancados en un modelo económico que ha conducido a la concentración de la riqueza en un pequeño porcentaje de la población y en una pequeña parte del territorio nacional. El ingreso promedio por hogar, en las zonas urbanas, es el doble del ingreso promedio por hogar en las zonas rurales. Aproximadamente un 21% de personas vive en condiciones de pobreza, a pesar de que, desde la década de los años noventa, el Estado viene asignando sumas superiores al 45% del presupuesto ordinario de la República para mitigarla. También, la convivencia en el país se complica por el crecimiento urbano desordenado, la inseguridad ciudadana, la falta de planificación, la gestión del riesgo, así como la falta de espacios públicos adecuados para la recreación. Todos estos problemas, y otros tantos más, están coronados con la dispersión institucional encargada de la política social o a la falta de una “autoridad rectora de la política social”. Los problemas mencionados ponen en evidencia un desfase entre los objetivos políticos relacionados con el bienestar general, la justicia y la solidaridad social que proclama la Constitución y los niveles de pobreza, desigualdad, polarización y exclusión social que existe en la realidad. En otros términos, como diría Hermann Heller, se ha producido un desfase entre lo que proclama la Constitución escrita y la Constitución real, material o sociológica. Este desfase ha propiciado pérdidas considerables de confianza hacia las principales instituciones de representación política del país, al mismo tiempo que se ha producido un incremento de la intolerancia política, la protesta y los conflictos sociales.”
Una declaración así, innegablemente, seduce a una mayoría empobrecida o excluida de las decisiones políticas que, entonces, daría su aval a la propuesta. Pero se trata de un mero recurso argumentativo porque se dibuja un horizonte hermoso pero se oculta el camino para llegar hasta él: nadar por aguas tempestuosas y gobernadas por tiburones, sean estos el autoritarismo de la población, la demagogia política, el populismo, la corrupción, los intereses corporativos, la concentración económica, ideológica y de medios de comunicación y todo ello tanto a nivel local como en el contexto mundial.
Entonces, ninguna garantía hay de que el texto por definir desarrolle aquellas pretensiones, menos cuando los constituyentes son elegidos a través de los partidos, quienes han generado y perpetuado ese estado de cosas (Ulloa Cordero, 2016).
En la exposición de motivos citada se alude a un desfase entre la constitución real o material (descrita como una realidad en donde predomina una inequitativa distribución de la riqueza y existen múltiples problemas sociales asociados) y las normas constitucionales y se propugna porque aquella convocatoria conduzca a reducir esa brecha para darle fuerza normativa a la Carta Magna. Frente a esa declaración solo caben dos conclusiones: a)- se pretende cambiar una realidad a través de proclamas normativas o b)- se busca legitimar la realidad cambiando las normas. Si lo que realmente se anhela es lo primero, estamos frente a una falacia normativista, un reduccionismo y, en el mejor de los casos, una posición idealista, sin sustento sociológico. Si es lo segundo, nos enfrentamos al culmen del cinismo político, que genera el desgaste y la falta de legitimación de algunas instituciones. En cualquiera de los casos, debería imperar, a lo menos, una extrema cautela. Adicionalmente en dicho texto se hace uso de citas de la “Junta de Notables” (una de las tantas propulsoras de cambios estatales mencionados al inicio, en donde el común denominador era el impulso de un modelo liberal ortodoxo), por lo que es dable concluir que nos enfrentemos a un intento más de desmantelar el Estado Social de Derecho (Antillón Montealegre, 2017) por cuanto la concentración de poder imperante hace inviables modificaciones tendientes a su fortalecimiento: “A finales de la primera mitad del siglo XX, teniendo condiciones ideológicas y fácticas para aprobar el proyecto de Constitución Política elaborado por los socialdemócratas costarricenses ello no fue posible.” (Mirom, 2016).
Por otro lado, la iniciativa se impulsa como una solución a todos los problemas nacionales (¡hasta el congestionamiento vial!) sin distinguir cuáles de ellos surgen de normas y cuáles de prácticas (Rodríguez, 2016) o de omisiones (Sobrado, 2017) y, de entre los primeros, cuáles tienen basamento en normas constitucionales o en otras de rango legal o reglamentario. También se alude a la edad de la normativa suprema, nada de lo cual es suficiente (Antillón, 2016) para emprender una aventura tan costosa, tanto en dinero respecto a su organización como respecto al precio por pagarse, al perder instituciones clave para nuestra democracia (Ordóñez, 2016).
Asumamos, por un momento, como cierto, el discurso romántico de los proponentes (manifestado en la exposición de motivos) de que este será un mecanismo para “1. Revisar, fortalecer y ampliar lo bueno que tiene la Constitución vigente. No se trata de cambiar el sistema ni el régimen democrático; tampoco de desaparecer ni disminuir derechos y libertades individuales, sociales, políticas y ambientales. 2. Mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Esa es la razón última de la existencia del Estado (…) 3. Mejorar la calidad de la democracia, definiendo con claridad los principios y valores que inspiran el Estado constitucional, democrático y social de derecho.” En tal caso, vale la pregunta del sociólogo Sousa Santos: “¿es posible un constitucionalismo transformador en sociedades capitalistas, colonialistas y patriarcales?” En España (de modo similar al caso nacional) el cambio constitucional se justifica diciendo: “Es necesario para hacer frente a los poderes fácticos defensores de intereses contrarios a los generales como los mercados, los profesionales de la políticas, las dinámicas colonizadoras, las grandes trasnacionales, con otro poder no menos fáctico, pero plenamente legitimado por la soberanía del pueblo como sería el poder constituyente.” (AAVV. Por una Asamblea Constituyente, pág. 147). Ergo, se asume al constituyente como una entidad ajena al influjo de aquellas fuerzas, como que si no estuviera atravesado, también, por aquellos poderes fácticos de los mercados y mercaderes de la política, así como por los intereses de las grandes trasnacionales.
En tales condiciones, la convocatoria a una constituyente solo tendría por objetivo legitimar, con la supuesta apelación a la soberanía del pueblo, un modelo que no siempre ha podido imponerse por los canales usuales porque, aunque endebles, aún permiten ejercer algunos tímidos controles que suelen estorbar a algunos.
Una constituyente puede ser autoritaria o solidaria, pero no puede pretenderse la solidaridad, cuando las matrices estructurales de la sociedad se aceptan y asumen como válidas y solo se buscan cambios (como la precisión lingüística o el orden del articulado), que no tocan los núcleos de poder.
Además, la reducción de los espacios de libertad y la atrofia institucional no surgen de la Constitución, sino de la normativa secundaria y una reforma de esa envergadura puede alterar la frágil estructura de respeto de los derechos humanos actual. El balance socio-político implícito para una constituyente (que C.R. “obtuvo” luego de un conflicto bélico y de la ruptura del orden constitucional aunque mantuviese en lo medular la Constitución de 1841), no se tiene en la actualidad. La nuestra sigue siendo una sociedad dividida (la escisión respecto a la aprobación del TLC se evidencia en muchos temas) pero las tendencias parecen apuntar a un creciente autoritarismo y no a refundar espacios para la vida republicana.
En abril de 2016 el IDESPO, de la Universidad Nacional, efectuó la encuesta “Percepciones acerca de las relaciones entre CR y Nicaragua”. Allí se evidenciaron las tendencias autoritarias de nuestros habitantes pues se les preguntó a las personas entrevistadas, por ejemplo, si se requieren gobernantes de mano dura, y entre los que estaban muy o algo de acuerdo, se tuvo un 88,2%. Se inquirió si se necesita defender fuertemente el orden establecido (sin cambios) y entre quienes estaban muy o algo de acuerdo, se llegó a un porcentaje del 91,4. La obediencia o el respeto a la autoridad —al margen del contenido de la orden— como lo más importante para la sociedad fue vista como una virtud aceptable en un 91,8% de los casos. La pregunta de si hay personas muy diferentes que nunca deberían ser parte de la sociedad, implicó una respuesta de un 33% en tanto la afirmación de si quienes representan serias amenazas para la sociedad merecen ser castigados drásticamente obtuvo respuestas de ‘muy de acuerdo’ y ‘algo de acuerdo’ de un 90,8 de las personas entrevistadas.
Estos resultados fueron similares a los obtenidos por IDESPO en 2011 y son consistentes con los de estudios previos (Mora Solano y otros, 2014) pues, dados los márgenes de error, una disminución de cuatro puntos, no es significativa. A partir de un 50% en esas percepciones se manifiesta una fuerte tendencia hacia el autoritarismo: para el 2011, esa tendencia en Costa Rica era del 72%; para el 2016 del 68%.
Ergo, una parte de la población clama por mantener un Estado de Derecho solo en cuanto le beneficie. Algunos costarricenses invocan el derecho a la intimidad para mantener lejos del escrutinio de la prensa el contenido de los “Panamá Papers” que les vincula con evasiones fiscales o impedir la existencia de un registro de accionistas para no generar una reforma fiscal solidaria. Sin embargo, están de acuerdo en la laxitud de las garantías penales para “otros” (de otro sector social y por otros delitos). Unos piden mano dura para castigar a quien violente la integridad de los animales pero, paradójicamente, anhelan, para esas u otras conductas, penas elevadas, tortura y hasta muerte. En fin, se apuesta a un endurecimiento del sistema penal en tanto la mano invisible del mercado se acopla bien con el puño de hierro del Estado (Wacquant).
El nivel de violencia social conduce a lapidaciones simbólicas públicas de quienes apuestan por una respuesta diferente a la violenta. Cada tanto saltan pretensiones de reformas constitucionales, impulsadas por políticos nacionales, para disminuir garantías, como juzgar menores de edad como adultos, permitir el interrogatorio policial sin defensor, extraditar nacionales o imponer la pena de muerte. La intolerancia se traduce en odio contra migrantes u otros grupos poblacionales y es frecuente la propuesta de cierre de fronteras asumida los diferentes políticos.
Si una Asamblea Constituyente no tiene ningún límite; si los funcionarios prefieren escuchar el clamor popular, aunque sea ilegítimo, para decidir cuestiones jurídicamente reguladas y si en el “espíritu del pueblo” se perciben altos (y sostenidos en el tiempo) componentes de intolerancia, autoritarismo, xenofobia, homofobia, misoginia, etc., eso, indiscutiblemente, incidirá en el perfil de los constituyentes designados y en las normas por ellos impulsadas, generándose una regresión en tanto ello “solo” conllevaría una condena internacional, precio asumido por otros Estados en tanto no afecta a los detentadores del poder.
Un proceso constituyente que apueste por el respeto a una voluntad-popular-violatoria-de-derechos-humanos es perverso: parte de un concepto formal de democracia, sin contenidos. De lo sucedido en los campos de concentración de Alemania y en las dictaduras del Cono Sur y de Centroamérica, se ha podido comprender que ninguna mayoría está legitimada sustancialmente para disponer de los derechos básicos de un solo ser humano. Así lo ha dicho la misma Sala Constitucional costarricense (voto No. 2010-13313) cuando se pretendió convocar un referéndum para decir los derechos de la población LGBTTI proceso que, valga recordarlo, fue avalado por el Tribunal Supremo de Elecciones por resolución No. 3401-E9-2008 de las 9:10 hrs. de 30 de septiembre de 2008 y esto, inclusive, generó un proyecto para excluir esta materia de la consulta popular.
III.- Aporías jurídicas
Finalmente, ya desde un punto de vista más técnico-jurídico, debe reflexionarse sobre el papel del Tribunal Supremo de Elecciones en todo el proceso de convocatoria de este referéndum mediante una decisión que genera un (aparente) callejón sin salida y con la cual evocamos a Escher, con la mano dibujándose a sí misma.
La Ley de Regulación del Referéndum de C.R. (No. 8492 publicada en La Gaceta No. 67 del 04 de abril de 2016) tiene por objeto “…instrumentar el instituto de la democracia participativa denominado referéndum, mediante el cual el pueblo ejerce la potestad de aprobar o derogar leyes y hacer reformas parciales de la Constitución Política, de conformidad con los artículos 105, 124, 129 y 195 de la Constitución Política…” (artículo 1 de la citada ley, se suple el subrayado). Esto se reitera en el artículo 14 de esa normativa: “Para reformar parcialmente la Constitución, el referéndum podrá ser convocado al menos por…” El legislador fue claro en que solo se regulaban las reformas parciales (diferentes a la materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos, ni actos de naturaleza administrativa conforme al numeral 2) y no totales de la Constitución pues, respecto de los cambios completos de la Carta Fundante, está previsto un procedimiento constitucional inmodificable mediante ley de inferior rango. Así se dispuso, también, en el párrafo segundo del artículo 105 de la Constitución Política (reformada mediante ley No. 8281 de 28 de mayo del 2002 y publicada en La Gaceta No. 118 de 20 de junio del 2002): “El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución…” (Orozco Solano, 2016). Por otra parte, el artículo 196 constitucional, que regula el tema de la transformación constitucional completa, es claro en describir el único procedimiento rígido a seguir: “La ley que haga esa convocatoria deberá ser aprobada por votación no menor de los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa y no requiere sanción del Poder Ejecutivo.”
Desde esta perspectiva, el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Elecciones, autorizando el referéndum, es inconstitucional, como también lo fue el que habilitó el mismo mecanismo para decidir los derechos civiles de la población LGBTTI. Extraña esta despreocupación por las normas constitucionales del órgano electoral tanto como el gran interés por el impulso de iniciativas populares.
Pero además, esa (errónea) convocatoria contiene un contrasentido intrínseco…si la Asamblea Nacional Constituyente es soberana y no está limitada por nada, puede modificar (disminuyéndolos) los derechos humanos previstos en la actual Constitución Política. Podrían, por ejemplo, suprimirse los derechos electorales de las mujeres; negárseles derechos a migrantes o indígenas, a la población LGBTTI y hasta autorizarse la pena de muerte en contra de personas que han delinquido. Esto, inclusive, podría lograrse de forma bastante técnica y hasta pasaría desapercibida para el común de las personas: no regulando expresamente ciertos derechos y estableciendo la inferioridad de los tratados de derechos humanos respecto a la Carta Magna, con lo que se desconoce la actual jurisprudencia de la Sala Constitucional en contrario y se anula, sin decirlo, el control de convencionalidad y la competencia de la Corte Interamericana, tema este sobre el que algunos magistrados del propio órgano constitucional parecen tener alguna complacencia (cfr. voto número 2014-13130 y los emitidos en torno a la FIV y el caso Artavia Murillo Vs. CR).
Sin embargo, la Sala Constitucional (mediante voto No. 2010-13313 del 30 de setiembre de 2008, vinculante para todos y emitido a propósito de aquel otro referéndum mal convocado por el TSE) indicó la ilegitimidad de que la mayoría dispusiera de derechos de las minorías:
I.- LÍMITES CONSTITUCIONALES EXPRESOS A LA POTESTAD DE LEGISLAR QUE ALCANZAN AL REFERÉNDUM. Una interpretación meramente gramatical o literal de la Constitución Política, puede llevar a concluir que el referéndum tiene como únicos límites los proyectos de ley (…) que enuncia el artículo 105, párrafo 3°, de la Constitución. Empero, una hermenéutica sistemática y finalista de las normas constitucionales, conduce, irremisiblemente, a concluir que los límites a la potestad legislativa impuestos por el párrafo 1° del numeral 105, resultan, igualmente, aplicables, por identidad de razón, a los procesos de referéndum para aprobar una ley. En efecto, ese párrafo establece que la potestad legislativa está sujeta a los límites dispuestos “por los tratados, conforme a los principios del Derecho Internacional”. Es así como los derechos humanos establecidos en los instrumentos del Derecho Internacional Público –Declaraciones y Convenciones sobre la materia-, resultan un valladar sustancial a la libertad de configuración del legislador, tanto ordinario como, eminentemente, popular a través del referéndum. Este Tribunal Constitucional ha indicado que los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales tienen, incluso, y a tenor de lo establecido en el artículo 48 constitucional, un rango supra constitucional cuando ofrecen una mayor protección a las personas. De otra parte, este Tribunal Constitucional en el Voto No. 2771-2003 de las 11:40 hrs. de 4 de abril de 2003, estimó que, incluso, el poder reformador o constituyente derivado –en cuanto poder constituido- está limitado por el contenido esencial de los derechos fundamentales y humanos, de modo que, por vía de reforma parcial a la constitución, no puede reducirse o cercenarse el contenido esencial de aquellos (…) los derechos de las minorías, por su carácter irrenunciable, constituyen un asunto eminentemente técnico-jurídico, que debe estar en manos del legislador ordinario y no de las mayorías proclives a su negación (…) surgen a partir movimientos de reivindicación (…) ordinariamente, contra mayoritarios, dada la insistencia e inclinación natural de las mayorías por mantener y perpetuar cualquier discriminación y trato asimétrico (…) El principio de apoyo a los grupos discriminados previene y se anticipa a las discriminaciones, de modo que tiene un efecto ex ante, respecto de éstas. (…) Los poderes públicos tienen, por aplicación del principio y el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas, independientemente del grupo al que pertenezcan, la obligación de abstenerse de implementar políticas o prácticas que producen una discriminación estructural o, incluso, de utilizar las instituciones que ofrece el ordenamiento jurídico con fines diferentes a los que se han propuesto. Sobre el particular, resulta evidente que una resolución, como la impugnada, que autoriza la recolección de firmas para la convocatoria de un referéndum de iniciativa ciudadana para aprobar o improbar el proyecto legislativo (…) aunque, en apariencia, absolutamente congruente con el ordenamiento jurídico –sobre todo con una interpretación gramatical o literal- se transforma, a la postre, en una clara y evidente práctica discriminatoria, por cuanto, supone someter al dictamen de una mayoría si un grupo minoritario obtiene o no el reconocimiento de ciertos derechos –aunque sean de origen legal o infra constitucional-. De otra parte, se utiliza una figura e institución de una profunda vocación democrática y participativa, con el fin de desconocer eventuales derechos de un grupo discriminado, lo que deviene en un fraude a la Constitución y a la ley, puesto que, se emplea una instituto absolutamente conforme con el ordenamiento jurídico para fines distintos de los que se propone, que es lograr una mayor participación democrática directa del pueblo soberano en la adopción de las políticas legislativas. Fraude que resulta más evidente y palpable cuando el referéndum es promovido por grupos que pertenecen a la mayoría y adversan abiertamente la reivindicación de los derechos de una minoría. El fraude a la Constitución y a la ley (consciente o inconsciente), en el Derecho público, se conoce como desviación de poder y resulta un vicio claro y evidente que quebranta el principio de interdicción de la arbitrariedad…)” (se suplen las negritas).
Como con este mecanismo una mayoría podría lograr incidir en los derechos humanos de diversas minorías, también por el fondo la convocatoria es inconstitucional.
Y se dice que se trata de un aparente callejón sin salida porque, en realidad, las normas nunca autorizaban a ingresar por esa vía, de modo que la aporía se soluciona al detectar la inconstitucional del procedimiento seguido por el Tribunal Supremo de Elecciones al habilitar este mecanismo. ¿Cómo este grave error jurídico (y aquel otro de no limitar al soberano), no fue “detectado” por quienes redactaron e impulsan la iniciativa? No se sabe, lo que sí parece quedar claro es el lema de la iniciativa “El presente es de los vivos.”
El puente sobre el río Virilla en la autopista General Cañas, rebautizado como “Puente de La Platina” fue construido entre los años 1962 y 1964 por las empresas Feluco Herrera y U.S. Steel (subcontratista). Fue diseñado utilizando la norma Standard Specifications for Highway Bridges de la American Association of State Highway Officials (AASHO).
Una particularidad de estos códigos de diseño es que no incluían cargas sísmicas y así se mantuvo este puente hasta el 2009. Con estos mismos estándares se construyeron los puentes de la Ruta Nacional 1 a Peñas Blancas y la Ruta Nacional 2 a Paso Canoas, durante el periodo 1944 a 1965.
¿Qué es “la platina” y para qué sirve?
La Platina es una pletina, una placa de acero que cubre la junta entre el cuerpo principal del puente y la estructura de acceso. Todos los puentes se dividen en tramos que permiten desplazamientos más o menos considerables debido al paso del tráfico y la expansión o contracción producto de cambios temperatura, sismos, viento y asentamientos del suelo. Los espacios que quedan entre esos tramos son cubiertos por “juntas de expansión” las cuales permiten su movimiento mientras que garantizan el paso fluido y cómodo de los vehículos y sus ocupantes.
La Platina se desprendió por primera vez en abril de 2009 y se realizaron reparaciones fallidas por 4 meses consecutivos. Esta resistió desde la década de 1960 hasta el 2009, casi 50 años, muy por encima de su vida útil real que era de 20 años.
Junta de expansión sobre la Pilastra 2, puente sobre el río Virilla, 2009. Tomado de Santana (2011).
Junta de expansión puente Saint George, Doncaster, Reino Unido. Fuente.
La Rejilla
Posteriormente, se procedió con la sustitución de la losa maciza por una rejilla mixta de profundidad parcial a inicios del 2011, utilizando un diseño hecho por el MOPT y construido por Soares Da Costa, bajo la supervisión del CONAVI. Esta sustitución se hizo para: 1) reemplazar las losas deterioradas por un sistema más liviano y 2) aumentar el margen de carga del puente para soportar la carga temporal (vehículos que transitan) en un 67% sin tener que reforzar la estructura.
Los tableros de rejilla mixta utilizados son parte de una tecnología de rejilla abierta desarrollada en Estados Unidos a principios del Siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial el peso y número de camiones que pasaban sobre los puentes aumentó por lo que se pasó al actual sistema de rejilla mixta.
El uso de este tipo de tecnología en Estados Unidos es bajo y se concentra en la zona este. Curiosamente, su uso es considerablemente menor en los territorios con mayor amenaza sísmica como California, Oregón y Washington (tomado de Santana, 2011).
Los deterioros en la rejilla del Virilla comenzaron a darse menos de un mes luego de su puesta en operación normal como producto de una falta de especificaciones técnicas claras y acertadas en el cartel de licitación, el cambio en la rigidez del sistema original, la inadecuada continuidad en las juntas y las deficiencias y malas prácticas en el sistema constructivo.Además, después de esta sustitución tampoco se pudo verificar que el puente ya había adquirido la capacidad para soportar sismos (Lanamme UCR, 2011).
¿Qué aprendimos?
Desde abril de 2009 hemos vivido en carne propia el desarrollo de esta “tragedia griega” que evidencia la incapacidad institucional para manejar nuestra infraestructura.
Por esta incapacidad, todos hemos tenido que pagar un costo adicional a las obras originales en consumo de combustible, impacto ambiental, desgaste adicional de vías alternas por exceso de tráfico y llegadas tardías de productos y personas. Esto sin olvidar el costo de oportunidad y la importancia de nuestra la salud mental y emocional.
El Gobierno ha demostrado que no es capaz de manejar riesgos relacionados con diseño, construcción y mantenimiento de los proyectos viales. En las obras más importantes de infraestructura de transporte debemos optar por modelos de alianzas público orivadas —la temida palabra “Concesión” y el estimado Fideicomiso, cual manzanas rojas y verdes— que trasladen esos riesgos al sector privado. En palabras simples, los errores y atrasos no tenemos que pagarlos nosotros, sino que deben trasladársele a un ente privado el cual asume los costos.
Las mejores prácticas internacionales nos confirman que en Costa Rica los riesgos no están siendo bien manejados y que por (en)cerrarnos en nuestros modelos tradicionales estamos perdiendo la oportunidad de implementar tecnologías de avanzada.
Si seguimos dejando estas obras vitales para el desarrollo del país en manos del Estado también las estamos dejando a merced de los mismos entes institucionales —tan costosos y con tan poca capacidad de ejecución y de administración— que en primer lugar las llevaron a tal punto.
¿Qué podemos hacer los ciudadanos?
Vivimos en una democracia y nuestra voz importa. Para cambiar esta situación debemos exigir políticas preventivas que procuren el mantenimiento de la infraestructura existente y planeen el desarrollo integral a corto, mediano y largo plazo de las vías de transporte.
Agradecimientos: Ing. Andrés González Ureña M.Sc., Ingeniero Estructural, Universidad de Costa Rica.
Del 12 al 18 de diciembre se celebrará el 1er Festival Internacional Comunitario: Conviviendo Sin Fronteras.
El festival ofrecerá talleres para el fortalecimiento de redes de apoyo mutuo, teatro social y expresión corporal. Facilitadores de Suiza, España, Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela compartirán su conocimiento con los asistentes. Se ha organizado también un recorrido cultural por La Carpio, y una peña cultural a modo de cierre en conmemoración del Día Internacional del Migrante (18 de diciembre).
El FIC: Conviviendo Sin Fronteras pretende ser un espacio de diálogo para aprender e interactuar a través del teatro social junto a comunidades segregadas por el estigma de la violencia y la inseguridad. El evento fue organizado de forma autogestionada por Asociación Masaya Teatro + Convivencia (Costa Rica), el grupo de teatro Las Voces Del Viento de La Carpio (Costa Rica), Maraña (España-Suiza) y el Grupo Levante de Teatro do Oprimido (Brasil).
“Juntos, creamos este festival en un contexto geopolítico mundial en que existen más de 50 millones de personas huyendo de violencia o de una guerra en el planeta. Interesados y preocupados por cómo esa situación mundial nos afecta en la cotidianidad, con las personas con las que vivimos y compartimos, nos preguntamos ¿Cuáles son las fronteras humanas que creamos? y, sobre todo: ¿Cómo podemos desenmascarar a través del teatro las construcciones sociales que generan la exclusión de seres, igualmente, humanos? El FIC: Conviviendo Sin Fronteras es un espacio para reflexionar a través del teatro sobre los desencuentros que tenemos como sociedad y festejar, encontrándonos, los encuentros“.
La primera edición del festival será aquí en Costa Rica. La segunda se espera que sea en el 2018 en Belo Horizonte, Brasil, ciudad sede del Grupo Levante de Teatro do Oprimido. Todos los espacios del FIC: Conviviendo Sin Fronteras, gracias a esta red de solidaridad, son gratuitos. Después de cada espacio se estará pasando el sombrero para quién desee continuar contribuyendo económicamente con esta red pueda hacerlo.
Programación
Los primeros cinco días 12, 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2016, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Salón comunal de La Carpio, se ofrecerán los siguientes talleres (información detallada de cada uno en los enlaces).
Lunes: Taller: Redes de Apoyo Mutuo.
Martes: Taller: Teatro de la Integración
Miércoles: ¿Fronteras?
Jueves: Teatro Periódico
Viernes: La danza de cada uno
El sábado 17 y domingo 18 se ofrecerán dos peñas culturales acompañadas de realización de murales, cine-foro, circo social, teatro, música, entre las 8:00 a.m. y las 6:30 p.m. Tome nota: el sábado a las 8:00 a.m. se celebrará una “cleteada” de La Merced a La Carpio para luego pasar al conversatorio “Fronteras de Bici”. Entre tanto, el domingo se tiene previsto ofrecer un cine foro a las 11:00 a.m. (como parte del Festival Internacional de cine sobre Migración, con la OIM Costa Rica).
FIC: Conviviendo Sin Fronteras cuenta con el respaldo y apoyo del viceministerio de Juventud, Parque La Libertad, RET International, Jóvenes Madiba, Aso Codeca, ACAU, OIM Costa Rica, Teatro Giratablas, la diseñadora gráfica Estefania Castillo de Venezuela, el artista Yamil De La Paz, y los fotógrafos César Arroyo y David Selva de Costa Rica.
Conversatorio a modo de preámbulo
Este sábado 10 de diciembre a las 2:00 p.m. se ofrecerá el conversatorio Experiencias en proyectos comunitarios alrededor del mundo (Alemania, Brasil, Costa Rica, Venezuela) en RET International (de Pequeño Mundo en San Pedro, 400 m sur, 100 este y 25 sur).
Cuando nace un niño o una niña, también nace una madre y ambos inician una nueva vida que usualmente, por no decir siempre, consta de más preguntas que respuestas. Para muchas madres una de las primeras preguntas suele ser ¿cómo le doy de mamar?
A pesar de que en Costa Rica cada vez que se habla de alimentación infantil se alude a que la leche materna es el mejor alimento para el lactante, de acuerdo al Estado Mundial de la Infancia publicado este año por la Unicef, solo un 33% de los bebes menores de 6 meses son alimentados exclusivamente con leche materna.
Los factores que llevan a este porcentaje van desde la situación económica, conyugal y de vivienda hasta los niveles de escolaridad de la madre. En algunos casos los problemas de salud si hacen imposible una lactancia exitosa, sin embargo, las principales razones por las que las madres interrumpen el periodo de lactancia son la reintegración laboral, la falta apoyo y los mitos sobre la lactancia.
Esto a pesar de todo el apoyo estatal, por medio de áreas de salud destinadas a tratar todos los problemas con la lactancia, o las múltiples leyes que protegen el derecho de la madre de alimentar a su bebé y al infante de recibir la mejor alimentación posible. Los índices demuestran que este apoyo es insuficiente y las primeras en darse cuenta de esta realidad son las madres. Son ellas mismas quienes les están dando una respuesta a esta situación, formando y liderando organizaciones como la Liga de la Leche, la Fundación Banco de Leche Humana Catalina Vega, el movimiento Cafés y Restaurantes Prolactancia en Costa Rica y el movimiento de la Mamatón. Todas estas organizaciones nacen de madres con el único deseo de ayudar a otras madres.
De las mujeres, por las mujeres: Waleska Porras
Al hablar con Waleska Porras líder de la Liga de la Leche, sobre el nacimiento de todas estas organizaciones, ella dice que “todas están llenado una necesidad, un vacío que había, es por esa solidaridad femenina, que sabemos que juntas podemos lograrlo”.
En el 2013 durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna la Organización Panamericana de la Salud (OPS) resaltó la importancia del apoyo mujer a mujer en los días cruciales luego del parto para lograr una lactancia exitosa. A la vez menciona que las consejeras mejoran eficazmente las tasas de iniciación, duración y exclusividad de la lactancia materna y recalca que en los países de ingresos bajos y medios, el apoyo de estas compañeras redujo un 30% el riesgo de interrumpir la lactancia materna exclusiva. En este mismo reporte se hace mención del indicador con relación al apoyo comunitario a la madre embarazada y que amamanta, donde Costa Rica cuenta con la nota más alta en América Latina y el Caribe.
Waleska a través de los años ha ayudado a miles de madres a sobrellevar la lactancia y concluye que la lactancia no solo es biológica y no solo es intuitiva, es también cultural y es también aprendida. Porras considera que la falta de apoyo responde a una sociedad que ha destinado a las madres a esconderse en cajas rosa, en cuartos sin ventanas y en baños sucios; que las ha castigo con miradas de desprecios, las ha educado con mitos que a voces se volvieron realidades; que ha aceptado frases como “esa leche no alimenta”, “usted es una vaca flaca”, “cúbrase, que falta de decencia” yque ha sexualizado uno de los actos más naturales en la vida de una mujer. Es por esto que todas estas organizaciones se vuelven una subcultura, un espacio de aprendizaje y seguridad para las madres, donde los mitos no son más que mitos y los problemas de lactancia encuentran soluciones.
Karla Peters: una red de cambio
Karla Peters inició en enero de este año el movimiento Cafés y Restaurantes Prolactancia en Costa Rica. Para ella el tema de lactancia no debería de ser tabú, por el contrario: hay que incorporarlo a la sociedad y devolverle su naturalidad. Durante todo este año ya más de 40 cafés y restaurantes se han unido a la causa, demostrando así que negocios de todas las provincias comparten la misma visión de Karla, e intentan darle un espacio de seguridad a las madres para que se sientas tranquilas de poder alimentar a sus hijos. En algunos negocios incluso invitan a las madres a un café o bocadillo. Karla comenta que uno de sus anhelos es que si su hija llega a ser madre no tenga que lidiar con las miradas de desprecio o con los mitos sobre lactancia: “la mejor manera de lograr este anhelo es aportando a todas las madres un espacio donde se recuerde que la lactancia es un acto natural“.
La lactancia no es solo alimentación, tiene múltiples beneficios para los niños y niñas. La Unicef en su reporte del 2010 aclara que el amamantar les protege de infecciones y enfermedades en una etapa de sus vidas en las que se encuentran particularmente vulnerables, a la vez que crea un vínculo que les confiere a niños, niñas y sus madres, salud física y emocional… además de protección, seguridad y afecto, todas ellas condiciones indispensables para un pleno desarrollo infantil.
Ingrid Broitman: no están solas
“La mujer tiene derecho de decidir si va a parir o va a tener cesárea, y si va a amamantar o no, lo importantes es que la que quiera amamantar, la que quiera un parto vaginal, la que quiera estar tranquila durante el parto, la que quiera tener lactancia extendida por 3 años o más, debe tener el derecho a que la respeten y la traten bien” asegura Ingrid Broitman, nutricionista y consejera de lactancia. Durante 9 años de dedicarse a ayudar madres con la lactancia ha notado un gran vacío en la información que se le brinda a las mujeres. Como consejera, Ingrid asegura que muchas veces tiene que ayudar a madres a ir contra los consejos de su familia y amigos, y en algunos casos incluso de médicos, que incitan a abandonar la lactancia por desconocimiento de cómo tratar problemas o por falsas creencias.
Aparte de ser consejera de lactancia, Ingrid también forma parte de la Fundación Banco de Leche Humana Catalina Vega, que busca brindar leche materna a los y las bebes que se encuentran abandonados o cuyas madres se encuentran imposibilitadas de brindarles este beneficio, incluyendo a los bebes que se encuentran hospitalizados. Es palabras de Ingrid:
Leche materna sobra, si usted dice ocupamos una tonelada de leche materna usted encuentra 500 mamás dispuestas a donar leche materna.
Toda la leche donada se almacena en el Banco de Leche del Hospital de San Ramón, actualmente el único banco de leche en el país. Para ser donadora se requiere que las madres pasen por un proceso que las acredite como donadoras certificadas, toda la información de este proceso se puede encontrar en la página de Facebook de la fundación.
Futuro optimista
En el 2012, la Unicef reportaba que solo un 15% de los recién nacidos eran alimentados exclusivamente con leche materna durante los primeros 6 meses de vida en Costa Rica. En solo 4 años es más del doble de los niños y niñas que están recibiendo este beneficio. La ayuda del Estado en materia de lactancia ha sido muy importante y es necesario recordar también a todas las madres que no han sido nombradas en esta nota, pero que día a día rompen mitos sobre la lactancia, que se levantan en la madrugada a responder mensajes a otra madre que tiene problemas de lactancia, que viajan hasta San Ramón a donar leche al Banco de Leche, que felicitan a una madre en la calle por no tener miedo a dar de mamar a su hijo, que forman una organización civil alimentada por el amor y deseo de ayudar, por el afán de devolver a todas las madres un poco de lo que ellas recibieron, que abren las puertas de sus negocios para que una madre tenga donde descansar y una bebé tenga la libertad de alimentarse en una mesa y no en un baño… ellas también merecen saber que sus esfuerzos están logrando que cada día más niños y niñas reciban todos los beneficios de la leche materna y que gracias a su trabajo las futuras madres enfrentan una realidad diferente a la hora de decidir continuar con una lactancia.
Para todas las madres y futuras madres es importante que sepan que estas organizaciones tienes sus puertas abiertas y que cualquier consulta o problemas que tengan lo pueden evacuar acercándose a las mismas. Todas cuentan con páginas de Facebook donde pueden encontrar sus números, correos y diferentes formas de contacto.
Perro Azul es probablemente un nombre desconocido para los menores de 25 años, pero a inicios del siglo XXI marcó el comienzo de una etapa importante en la producción literaria independiente del país. En aquella época muchos autores estaban ansiosos por publicar pero tenían espacios limitados (incluso monopolizados), por lo que era necesario un lugar para la poesía contestataria.
Osvaldo Sauma, Luis Chaves, Aléxander Obando, Alfredo Trejos y otros autores, hoy considerados como referentes del medio, vieron entonces cómo sus libros se materializaron bajo la editorial independiente Perro Azul. Durante once años, el sello se encargó de mantener una importante cantidad de publicaciones, que sirven hasta hoy como referencia de los grandes autores que ha tenido (y tiene) el país a nivel de poesía cuento, novela y ensayo. Sin embargo, en el año 2011 la editorial se tomó un respiro que se extendió hasta el 2015, cuando regresó con más fuerza que antes y con nuevas jóvenes promesas de la literatura nacional y centroamericana.
Escribir sobre Perro azul implica conocer su historia, la realidad de una editorial independiente y todos los cambios que ha sufrido, y la reinvención del sello tras esa pausa de 4 años; esto último a través de nuevas editoriales independientes. Carlos Aguilar, su fundador, nos acompañó durante una grata conversación para lograr contar esta historia.
Inicios
El año 2000 vio nacer a Perro azul bajo la iniciativa del diseñador y editor Carlos Aguilar, quizá inspirado por otros esfuerzos que se habían realizado a finales de la década de los 90 por consolidar una editorial independiente en el país. El peculiar nombre del sello lanzado por Carlos es un homenaje a la reconocida educadora, pintora, investigadora y militante políticaEmilia Prieto.
“Yo la había conocido porque yo era militante del partido socialista. En las actividades culturales de Pueblo Unido yo era el edecán de doña Emilia, luego nos hicimos amigos. En una de esas, conversando, me dió una de sus coplas que es “en la puerta de mi casa había dos perros, dos perros echados, uno era azul y el otro se fue”, en ese momento a mí me pareció muy surrealista, entonces yo le dije: Doña Emilia hay que ponerle a algo Perro azul”.
En ese época ya conocían de varias escritores que querían publicar; la idea era hacer una editorial que ofreciera una respuesta a la movida literaria existente pues en ese entonces el grueso de la oferta venía de editoriales públicas y estatales, donde suele imperar un ambiente complejo para publicar… ¡Era necesario un proyecto independiente!
“Le pedimos ayuda al Centro Cultural de España (Jesús Oyamburu) y nos dieron plata para empezar a editar. Publicamos de un solo cuatro libros: Bitácora del Iluso (Osvaldo Sauma), Historias Polaroid (Luis Chaves), La mano suicida (María Montero) y Maremonstrum (Mauricio Molina). ¡Imagínese qué clase de libros publicamos! Los presentamos de un solo todos… ¡No nos aguantamos!”.
El Perro sumó desde sus inicios a los cuatros poetas clave de toda una generación. Desde entonces han publicado solo trabajos que se amoldan a una estética determinada, para el sello era fundamental consolidarse como una editorial que ayudara a renovar la poesía del momento. Su médula es (y sigue siendo) una estética contestataria, distinta, no complaciente, no son libros sobrecargados de metáforas, son cotidianos, apegados a una realidad nada existencialista.
El inicio del fin de un ciclo
“Fueron procesos complicados” nos dice Carlos.
Aunque su punto de partida fue la poesía llegaron a consolidar otras tres grandes colecciones: novelas, cuentos y ensayos; de este último género poseían una colección envidiable. En novela publicaron la icónica obra de Alexander Obando:El más violento paraíso, un libro que marcó una época y que rompió la estructura de la narrativa tradicional con un eje conductor totalmente distinto al hasta entonces popularizado en el país.
Gracias a alianzas clave (particularmente con Cooperación Española) lograron publicar uno o dos poetas nuevos por año. Así se publicaron libros de Alfredo Trejos, Camilo Retana, Silvia Piranesi y Esteban Chinchilla entre otros. “Si ves a toda la generación posterior a Molina, Osvaldo y demás, también le dimos seguimiento. Pero se nos gastó un poco la cuerda, publicar uno o dos libros al año, no era suficiente, una editorial no se mantiene con eso”, explica Carlos.
“Fue en el 2011 más o menos que nos dimos un espacio… estábamos un poco agotados porque la distribución nunca la pudimos solucionar bien… entonces, para una editorial de 10 años, no lograr dar ese salto… fue un escollo muy fuerte. También hubo toda una renovación de la cooperación de la agencias y no se apostó mucho en edición. Decidimos repensar nuestra estrategia y decidir si íbamos a continuar”.
Del 2011 al 2015, ¿Qué pasó?
Alejarse del todo de la literatura resultaba imposible, Carlos se dedicó a leer y a realizar trabajos que le dieran sustento económico. Como proyecto alterno surgió la idea de montar una pequeña planta de conservas, algo totalmente diferente que podría ayudar a inyectar capital a la editorial.
“Uno de nuestros fallos fue que la editorial dependiera de recursos internos, la recuperación del dinero que se invierte en una publicación es lentísima, como a 5 años. Logramos sacar a la luz a gente muy valiosa, pero la sostenibilidad era necesaria. Alejarnos y repensar fue una oportunidad para resolver eso”.
A finales del 2015: el regreso
“Al volver nuestra meta era simplificar el proyecto, ahora no tenemos local y trabajamos por pedido de manera virtual. Con recurso sano estamos construyendo una página web muy ambiciosa que tendrá todas las herramientas para poder comercializar los libros en línea. Ahora decidimos qué proyectos financiamos en el año y que las ganancias que se generen sean para editar otros libros. Meter y no sacar…”.
Regresaron entonces con la convicción de que Perro Azul es necesario, pues había creado un espacio vital que amparó y recogió a autores hasta entonces atrapados en un limbo. Además, otras editoriales como Germinal y Espiral llegaron a terminar de consolidar una ventana cada vez más grande, cada vez más necesaria. Tras su retorno, el sello liderado por Carlos está concentrando su trabajo en recuperar autores que siguen dispersos y en consolidar más las alianzas regionales, sobre todo a nivel centroamericano.
“Para la pasada Feria del libro presentamos a Pablo Segreda, que me parece fue nuestra apuesta clave pues representa lo que la editorial es en esencia. Consideramos que nos nutrimos de la poesía nueva y es lo que vamos a seguir haciendo. Obviamente tenemos 10 años de trabajar, entonces tenemos autores que son nuestros poetas y narradores y que tienen su casa, que va a seguir siendo su casa”.
“En un momento fuimos muy ingenuos… soñábamos con que nuestra editorial se hiciera grande con nuestros autores, a puro pulmón… En realidad hace falta más organización, administración, más dinero y una capacidad de distribución más ambiciosa. Todo fue muy artesanal, hacíamos los libros, artes bonitos, lo distribuíamos entre amigos… pero no sabíamos en realidad como venderlos”.
El apoyo a la producción nacional… Una deuda pendiente
Cuando se habla de una distribución casi nula también se hace referencia a los escasos espacios de exposición que poseen las editoriales independientes, y al poco apoyo de las grandes corporaciones que lideran la venta de libros en el país.
“No hay espacios para los autores costarricenses y no es por calidad o presentación, es porque nuestros libros son baratos, cuestan 5000 colones, entonces el nivel que tienen de ganancia ellos es un 30% o 40% por lo que prefieren no tenerlos para no ocupar espacios. Por eso si creo en la necesidad de una ley para los librerías donde se obligue a vender la producción nacional… En Francia existe una ley donde los libros de editoriales pequeñas tienen que ser vendidos a las par de las grandes editoriales, de otra manera es muy difícil alcanzar a ese publico que va a la Universal, a Lehmann, ellos no tienen posibilidad de conseguir los libros de nuestra editoriales”.
Debido a esta situación la gran vitrina del año para los autores nacionales es la Feria Internacional del Libro, razón por la cual muchas editoriales trabajan en función del evento. Sin embargo, en la edición de este año a los editores independientes les cobraron por su espacio, lo que a criterio de Carlos representa un retroceso frente a los esfuerzos que se venían haciendo.
“Antes no nos cobraban… tampoco es que era gratis pero había un convenio con el Ministerio de Cultura anterior… no es que la Cámara del Libro diera el espacio regalado pero el ministerio tenía un proyecto para solucionarnos a los independientes estar ahí. Ahora tenemos que pagar y aparte hay una selección poco profesional. No es pedantería, pero no es lo mismo una editorial como la nuestra, o Uruk o Germinal, que otras editoriales que se denominan independientes porque son publicaciones de autor. Teníamos que disputar los espacios para las presentaciones en esas condiciones… resultó imposible”.
El recuento de los ladridos
Doce años de existencia dejan números importantes cuando de un catálogo de libros se habla. Hasta la fecha Perro Azul ha logrado publicar ciento cincuenta títulos. En el 2015, para su regreso, presentaron nueve publicaciones y este año ya ha legado siete nuevos libros. Antes de que caiga el 2016 esperan presentar su sitio web y una colección de arte y fotografía.
A los nuevos lectores del sello, Carlos les recomienda lo que considera son obras cumbre de Perro Azul:Cartas sin cuerpo (Alfredo Trejos), La Mano suicida (María Montero), Soundtrack (Felipe Granados) Maremonstrum (Mauricio Molina) e Historias Polaroid(Luis Chaves).
Para quienes ya tienen esos libros en casa, la recomendación obvia es repasar las novedades del 2016. En poesía sobran las opciones: La infancia es una película de culto (Dennis Ávila), Martes como toda la vida (Denise Vargas), La terrible noche (Guillermo Sáenz P.), El arca de Noé (Michael Barrantes) y Antes éramos moviola (Pablo Segreda J.). Además, las novelas: Sin voz ni techo y Condenado sin proceso de Nacer Wabeau, así como el ensayo Marxismo y globalización capitalista de Roberto Ayala.
Smart Help fabrica y distribuye cobijas térmicas para los habitantes de la calle.
Desde el 2015 los jóvenes fundadores de la organización, Sebastian Piedra y Harold Garita, empezaron a diseñar una cobija eléctrica que fuera eficiente, de bajo costo, de fácil producción y que utilizara energía renovable para generar calor. Todo lo anterior pensando en ofrecer una ayuda eficiente y accesible a quien vive sin hogar, enfrentando las duras condiciones del frío nocturno.
Smart Help pone en uso la tecnología para resolver este problema social en el cantón de San José. El objetivo principal de la campaña es brindar abrigo y calor a 100 personas de la ciudad afectadas por esta problemática, ya que según la Municipalidad de San José, hay más de 4.000 personas viviendo en la calle, en precariedad extrema.
Las cobijas se van a entregar al Centro Dormitorio de la Municipalidad de San José, donde se encargarán de entregarlas a las personas que no encuentren campo en los dormitorios y por ende tengan que dormir en las calles. De esta manera, se garantiza que las cobijas serán usadas conforme a lo planeado y será posible darles mantenimiento de ser necesario, según nos comentan sus propios creadores.
Gracias al patrocinio de diferentes empresas Smart Help esta próximo a finalizar la producción de las primeras 30 cobijas. Una vez entregadas, la iniciativa apunta a cubrir un 3% de la población afectada en la zona. El monto total a invertir en las herramientas requeridas para la producción de las cobijas es de $3.000, teniendo un costo cada una de $20, cifra que vienen a significar una persona más protegida del frío. Para ayudar a reunir los fondos ya se lanzó una campaña en Indiegogo.com.
La organización cuenta con un grupo de voluntarios compuesto por personas jóvenes interesadas en el bien social. Gracias a la disposición y habilidad del grupo el proyecto y la producción de las cobijas no se ha detenido: bordado, confección de los circuitos e impresión 3D de las partes necesarias, diseño publicitario, difusión del proyecto y repartición de cobijas, todo lo resuelve este joven equipo de emprendedores.
Para muchas mujeres trans en Costa Rica, la calle es una realidad. Si las echan de la casa, está la calle, si las echan de la escuela, está la calle. En ella se vive -o se malvive-, se come –o se malcome-. Existe. Y para muchas, por años, la calle ha sido un destino final, y no una etapa o escalón del que han logrado salir.
Esta es la reflexión que hace Dayana Hernández, presidenta de la Asociación Transvida, una organización que trabaja en pro del mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres transgénero en el país. Para ella, un medio a través del cual esta población puede salir de la calle es la educación.
Es por eso que, desde hace un año y medio, Transvida ha convertido parte de sus oficinas en aulas, y en alianza con el Ministerio de Educación Pública (MEP) está dando la oportunidad para que un grupo de personas que tuvieron que abandonar la escuela y el colegio por el bullying y la discriminación, cuenten con un espacio adecuado para terminar sus estudios y cumplir con sus metas.
Sin embargo, llegar hasta donde están ahora, con 50 personas inscritas en el programa de educación, con la añoranza graduarse como bachilleres, no ha sido fácil.
La historia
Dayana Hernández asegura que todo empezó porque a Transvida le comenzaron a llegar inquietudes de mujeres trans que se dedican al trabajo sexual, y que querían saber si la asociación brindaba algún tipo de oportunidad para terminar sus estudios.
“Nosotras hacemos una vez por semana abordajes en la calle, donde nosotras vamos y damos a las compañeras información para la prevención, concientización, sensibilización, para que utilicen el condón, lubricante a base de agua. Dentro de estas mismas prácticas de los abordajes, varias compañeras empezaron a preguntar, que más allá de que les pudiéramos facilitar una ruta para hacerse un examen de VIH o conseguir condones, si dábamos clases. Notamos que aquello no fue una hablada de un día, ni de una sola chica”, dijo Hernández.
Ese período coincidió con el II Encuentro Centroamericano de Mujeres por las Artes Escénicas, del cual Camila Schumacher –actual docente en el programa de educación de Transvida– era la asistente y coordinadora. Por casualidades de la vida, en una conversación surgió de nuevo el tema de la educación.
“Ella me dijo que había chicas que querían estudiar. Les di mi teléfono, y les dije que si de verdad querían estudiar que me llamaran. Y así, meses después me llamaron y se convirtió en una realidad. En un principio eran tres, no teníamos donde, fuimos una escuela itinerante”, cuenta Schumacher.
Con un local prestado, empezaron a reunirse los sábados. Los dos primeros sábados no se pudo. Y el tercero, cuando ya parecía que el proyecto no iba a arrancar, por fin se pudieron iniciar las clases.
“De esas tres chicas, una ya se graduó, obtuvo su bachillerato con Transvida, y las otras están en noveno, habiendo empezado en sétimo el año pasado. Todo empezó muy casual, muy informal. Hacíamos ‘teletones’ en Facebook para pagarnos los pases, para pagar los exámenes, lo que hiciera falta. En un año y medio todo ha cambiado bastante”, explicó Schumacher.
A pesar de ello, en un inicio tuvieron que lidiar con la burocracia y el desconocimiento de las personas funcionarias del MEP sobre los derechos de la población trans.
“Al principio mostraron sorpresa y desconocimiento. Sasha (Chavarría) fue la primera en matricularse en la educación abierta. Fuimos juntas, yo la llevé de la mano. Sabíamos que tenía que poner el nombre registral, como salía en la cédula, y no lo íbamos a pelear en ese momento”, agrega Schumacher.
La mujer que les atendió en ventanilla por poco no les recibe los papeles, argumentando que la firma no correspondía con el nombre, a pesar de que era la misma que venía en la cédula.
“La señora fue y preguntó, y me dijo: ‘usted tenía razón. Mis disculpas. Usted está legalmente matriculada, todo en orden’. Esa persona es ahora nuestra aliada. Yo llego a hacer una matrícula y me llama, ella tramita todas las matrículas como funcionaria de ventanilla”, cuenta Camila.
Las cosas cambiaron más aprisa cuando Dayana Hernández y Antonela Morales, de Transvida, lograron una cita con la ministra de Educación Pública, Sonia Marta Mora, para exponer el proyecto que estaban llevando a cabo, y solicitar el apoyo del MEP para que más mujeres trans tuvieran acceso a la educación.
“Cuando se dio la reunión con la ministra, le mostramos eso: venimos trabajando desde hace seis meses con clases de TCU (trabajo comunal universitario), Camila está dando las clases, hicimos una recolecta en Facebook para poder pagar los exámenes de las chicas, los libros los consiguió Camila. Siento que entonces la ministra se sintió muy comprometida a actuar. La incidencia es nuestro fuerte, y le dejamos claro que el gobierno de Costa Rica y le Ministerio de Educación Pública tenía y tiene una deuda con la población trans. Por ellos no tener herramientas, nosotras fuimos expulsadas del sistema, y tuvimos que cumplir una ruta crítica, que terminó en comercio sexual, donde terminamos negociando nuestras vidas, nuestra dignidad, nuestras vidas, la salud”, explicó Hernández.
A partir de entonces, el MEP realizó el nombramiento de profesoras para el sistema de educación que se estaba implementando en Transvida, pero siguen recibiendo colaboración de estudiantes que realizan con ellas su TCU.
Integración
La iniciativa ha sido exitosa en educar a mujeres trans y otras personas que por fuertes casos de acoso han quedado fuera del sistema educativo tradicional. Sin embargo, tanto Hernández como Schumacher son enfáticas en que su propósito no es crear un “colegio trans”, sino solucionar una problemática que ya existe, y lograr un compromiso por parte del MEP para que las personas trans no sigan siendo expulsadas de las escuelas y los colegios debido a la discriminación.
“Lo mínimo que pueden hacer es poner profesores para que en la asociación Transvida, que es un centro de mujeres trans, seguro, cálido, amigable, como tiene que ser, y darles esa oportunidad que no tuvieron. Hay compañeras de 35 a 40 años, que llevan hasta 25 años en el comercio sexual. Sus vidas fueron dañadas, sus mentes, sus cuerpos, por la calle, por la discriminación, por el estigma, por la violencia”, expresó Hernández.
“Queremos que cuando tengan edad de estar en colegio y en escuelas estén. Que los docentes se capaciten y los compañeros se sensibilicen. Pero sabemos que, si sufrieron un daño, necesitan curarse, necesitan empoderarse de nuevo, volver a tener amigas y amigos”, agrega Schumacher.
Este norte de inclusión e integración lo mantienen también en su programa educativo. De las 50 personas matriculadas hay 3 que no son trans, pero que por diferentes motivos se vieron excluidas del sistema de educación formal.
“Recibimos a un chico de 14 años que lamentablemente tiene una historia muy terrible. La habían hecho comer mierda en un baño unos compañeros. Lo filmaron y socializaron, ese momento. La mamá cuando me trae al niño, me trae el video también para que yo lo vea. No había ninguna posibilidad de que ese chico volviera a ese colegio. Es uno de nuestros estudiantes…”.
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La respuesta institucional
Transvida considera que el otro trabajo es sensibilizar a los docentes, y brindarles una herramienta para que sepan cómo trabajar con estudiantes trans. Esto es vital desde primaria, pues Schumacher señaló que el 94% de las estudiantes que recibieron no habían terminado sexto grado.
Ante consulta de Contexto, el MEP señaló que hay una serie de acciones que se están llevando a cabo para atender el acoso o “bullying” por orientación sexual o identidad de género. Las tareas están siendo lideradas por Tatiana Cartín, Jefa del Departamento de Salud y Ambiente, de la Dirección de vida Estudiantil.
“Otro gran avance en este reconocimiento se da el 8 de mayo del 2015 se emite la Declaración del Ministerio de Educación Pública como espacio libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género”, señaló Cartín.
De momento, el MEP no ha definido con claridad si las mujeres trans que ya tienen su nombre reconocido en el “conocido como” de sus cédulas de identidad podrán recibir sus títulos con este nombre. La primera graduada del proyecto con Transvida, Megan Rodríguez, está justamente a la espera de que esto se defina, para ir a buscar su título de bachiller.
“Este tema está siendo estudiado por el Despacho de la señora ministra, para resolverse lo antes posible. En este momento hemos recibido solamente una solicitud, que está siendo analizada en coordinación con las instancias correspondientes”, confirmó Adriana Sequeira, funcionaria del Despacho de la Ministra.
A pesar de que a veces los procesos son lentos en las instituciones públicas, en Transvida reconocen la buena voluntad del MEP de ir avanzando en este tema.
Nuevos sueños
Una de los resultados más gratificantes de este proyecto para Camila Schumacher es como la educación les abre las puertas a estas chicas para que puedan replantearse sus proyectos de vida y sus sueños.
El caso emblemático de esto es el de Sasha Chavarría, la primera chica que se inscribió en el programa de educación, quién está cerca de ir por su bachillerato, y que ahora sueña con ser profesora de Estudios Sociales.
“La verdad es que siempre me ha gustado estudiar. No sabía del proyecto, hasta que conocí a Cami, y me interesé mucho, porque es un espacio para nosotras, y podemos estudiar tranquilamente”, dijo Chavarría.
Mientras ha ido avanzando en sus estudios, Camila le ha dado la oportunidad de darle clases a sus compañeras que están cursando sexto y sétimo grado.
“Esto me ha ayudado mucho, porque yo quiero se profesora de Estudios Sociales, y así me desarrollo más con las chicas, y tengo más confianza para poder ir a estudiar a la universidad”, dijo Sasha.
La educación tiene el potencial de generar grandes cambios en la vida de las personas. Y en este caso en particular se ha convertido en una causa por la cual lucha, en una forma más de empoderamiento de una población a la que se le han negado sistemáticamente sus derechos y que ahora exige que se le devuelva uno de los más básicos en Costa Rica: el acceso y permanencia en el sistema educativo.
