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El hecho de que tengás o no un iPhone (o en su defecto, cualquier otra marca de teléfono inteligente), no te hace ni más ni menos de izquierda.

Lo anterior es un argumento híper reduccionista y falaz que suele utilizar la gente de derecha para “evidenciar una contradicción” donde no la hay.

Antes que nada, aprovecho para hacer una muy necesaria aclaración: el Capitalismo no es el que produce cosas. Las cosas las produce el trabajo de las personas, independientemente del sistema socioeconómico dominante. Lo único que define el sistema imperante es la distribución de la riqueza generada por dicho trabajo humano. Así que mientras el sistema global vigente sea el Capitalismo, ni usted ni yo podemos efectuar algo ni remotamente cercano al así llamado “consumo ético“.

¿Existe realmente algún tipo de “consumo ético” bajo el capitalismo?

La respuesta es no. Tanto usted como yo somos parte -en mayor o menor medida, lo queramos o no- de este macabro juego de acumulación de bienes materiales a costa de la explotación del trabajo de otras personas.

La ilusión del “consumo ético” bajo el sistema capitalista presupone la posibilidad de conciliar las características de las relaciones de producción capitalistas con la mano de obra libre, lo cual no es más que -valga la redundancia- una ilusión. Toda nuestra ropa, toda nuestra comida, todos nuestros aparatos tecnológicos, son confeccionados y distribuidos (en su producción, procesamiento o comercialización) sobre la base de la explotación laboral, derivada de la nociva, fraudulenta e inhumana apropiación del plusvalor por parte de aquellas personas dueñas de los medios de producción.

Así, por más que tratemos de moralizar nuestro consumo, lo cierto es que para adquirir todo lo que es socialmente requerido para la subsistencia de una persona promedio, incluso lo más básico, será necesario el sometimiento de muchos y muchas a un régimen barbárico de producción feudal.

Dicho lo anterior, considero además que el consumo de ciertas mercancías no deja de ser una decisión individual, así que no existen productos “más éticos” o “más coherentes” con X o Y ideología, en tanto las mercancías, como bien lo dijo Karl Marx, son simples productos útiles para el ser humano, los cuales, en última instancia, representan una exteriorización del trabajo humano y deben entenderse meramente como objetos carentes de moral; como simples expresiones de la actividad física humana.

La idea de un consumo ético dentro del sistema capitalista no es más que una expresión del más exacerbado fetichismo de la mercancía.

*Artículo escrito en conjunto con un muy buen amigo mío; también anarco-comunista.

**Artículo dedicado a todas y cada una de las personas que han utilizado este ridículo argumento alguna vez en sus vidas. Me incluyo.

El 8 de marzo nació la primera niña concebida en Costa Rica por Fecundación in Vitro desde el 2000.

Se trata del primer nacimiento oficialmente registrado en el país posterior al fallo del 28 de noviembre del 2012 en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó a Costa Rica reestablecer algún tipo de regulación al FIV, procedimiento que había quedado anulado tras una cuestionada decisión de la Sala Constitucional en el año 2000. Cabe recordar que el primer bebé que fue fecundado in vitro en Costa Rica nació en octubre del 1995. Veinte años después un grupo de estudiantes de Comunicación Colectiva de la UCR prepararon un documental —titulado, precisamente, 1995— sobre la vida de Esteban, que puede verse aquí mismo.

La FIV ante un Estado costarricense reiteradamente renuente

Leída y notificada la sentencia del juez interamericano en diciembre del 2012 a las autoridades, Costa Rica se mantuvo un primer año sin acatarla y un segundo en similar situación. En total, transcurrieron más de dos años y medio sin que las autoridades acataran lo dispuesto en la sentencia. No fue sino hasta que la Corte Interamericana validara el Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S (adoptado por el Poder Ejecutivo en setiembre del 2015), que se reestableció el marco legal, con ocasión de una nueva sentencia sobre ejecución del fallo del 2012, la cual fue dictaminada a finales del mes de febrero del 2016.

Resulta oportuno precisar que este Decreto adoptado por el Poder Ejecutivo en setiembre del 2015 fue antecedido por un artículo de opinión de uno de los abogados de las víctimas, Hubert May: el autor hacía ver que, ante el bloqueo existente en la Sala Constitucional y el juego político imperante en la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo costarricense estaba plenamente facultado para remediar la situación de vacío legal persistente (El deber de cumplimiento de la sentencia sobre la FIV, La Nación, 31 de agosto del 2015).

Es posiblemente la primera vez en su historia que el Estado costarricense, usualmente activo defensor del derecho internacional, de la justicia internacional y de los derechos humanos en diversos foros internacionales, se coloca en una situación tan incómoda desde la perspectiva del derecho internacional. Una actitud de la que, posiblemente, hayan tomado nota no solamente los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, sino la misma comunidad internacional de los derechos humanos, observadores y los demás integrantes de la comunidad internacional como tal.

A lo largo de este extenuante proceso iniciado en el 2001 contra el Estado costarricense por parte de nueve parejas costarricenses ante los órganos del sistema interamericano, muchos elementos y detalles confirman la percepción de un Estado cuyos principales poderes (sea el Ejecutivo, sea el Legislativo, sea el Judicial), se mostraron muy receptivos a los sectores opuestos a la FIV (y poco receptivos al clamor de las víctimas). En la recta final de este interminable recorrido, fue el Poder Ejecutivo el que buscó garantizar los derechos conculcados por el Poder Judicial, una situación a todas luces insólita: usualmente se enseña en la Escuelas de Derecho que quién vulnera el ejercicio de los derechos es el poder político y quién garantiza el ejercicio de estos mismos derechos, es el juez.

Usualmente se enseña en la Escuelas de Derecho que quién vulnera el ejercicio de los derechos es el poder político y quién garantiza el ejercicio de estos mismos derechos, es el juez

Breves apuntes sobre el “diálogo” entre el juez nacional y el juez interamericano

Con respecto al Poder Judicial vale la pena traer a la memoria un llamativo episodio que se dio entre el juez constitucional costarricense y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: en octubre del 2015, la Sala Constitucional acogió una acción de inconstitucionalidad contra el precitado Decreto Ejecutivo que pretendía regular la FIV, y ello pese a que el mismo tema estuviese bajo estudio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta cuestionable decisión se tomó en una cerrada votación (4/3) en la Sala Constitucional, motivando a su Presidente, el jurista Gilbert Armijo, a acogerse a su jubilación.

En su sentencia 2016-001692 del 3 de febrero del 2016, luego de un debate intenso en su interno, la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo, decisión que fue notificada a la Corte Interamericana el 11 de febrero. La intensidad del debate intra muros se evidencia al leerse al final de esta decisión de la Sala Constitucional que:

“Los Magistrados Jinesta Lobo y Hernández López salvan el voto y rechazan de plano la acción planteada por considerar que la Sala Constitucional no tiene competencia para pronunciarse sobre el mismo objeto procesal, que pende simultáneamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y otros, en razón de la audiencia de supervisión de cumplimiento convocada al efecto, y hasta tanto ese tribunal no emita pronunciamiento. Lo anterior con el fin de preservar la integridad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del cual nuestro país forma parte. El Magistrado Cruz Castro expone razones adicionales y se separa del voto de mayoría respecto del dimensionamiento, manteniendo vigente el Decreto Ejecutivo objeto de esta acción, hasta tanto el Parlamento apruebe la ley de fecundación in vitro. Los Magistrados Rueda Leal y Hernández Gutiérrez ponen notas separadas”. (Voto 2016-001692 del 3 de febrero del 2016).

El 26 de febrero del 2016, el juez interamericano confirmaría la plena validez de dicho Decreto Ejecutivo (véase sentencia sobre cumplimiento del 26 de febrero del 2016), no sin antes recordarle a la Sala Constitucional algunas verdades incómodas (párrafos 12 y 20).

De interés resulta precisar que el 18 de enero del 2016, la Comisión Interamericana optó por remitir un nuevo caso de seis parejas costarricenses a la Corte Interamericana (véase al respecto carta de remisión del caso No. 12.798 oficialmente denominado ” Gómez Murillo y otros (Fecundación in Vitro) Vs. Costa Rica)”. Este caso se resolvió mediante un arreglo amistoso suscrito el 4 de agosto del 2016 entre las víctimas y Costa Rica, homologado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 29 de noviembre del 2016). En el punto 6 de la parte resolutiva (p.18) se fija el 11 de setiembre del 2017 como fecha en la que las entidades a cargo de la salud pública deben cumplir con una serie de exigencias en vistas de garantizar un acceso efectivo a la FIV.

Una inclaudicable tenacidad de las víctimas

Desde el 2001, fue la perseverancia de nueve parejas costarricenses (y la de sus abogados) la que logró finalmente obligar al Estado a reestablecer un marco legal para la práctiva de la FIV en Costa Rica.

A ese respecto, cabe recordar que ante los señalamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en aras de evitar una condena por parte de la Corte Interamericana, los primeros esfuerzos para adoptar una ley datan tan solo de octubre del 2010: se indicó en el 2010 que la elaboración de lo que posiblemente sea el primer proyecto de ley para regular la FIV recayó en funcionarios de la misma Cancillería costarricense. Se lee en esta nota de Al Día del 21 de octubre del 2010 que: “El embajador de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Enrique Castillo, que lideró el proceso de elaboración del proyecto de ley, dijo en rueda de prensa que esta “es una solución de Costa Rica para Costa Rica; hecha tomando en cuenta la idiosincrasia de nuestro país”, afirmó. Castillo señaló a Acan-Efe que la prohibición de manipulación de embriones y óvulos fecundados obedece a que la ley costarricense “protege la vida humana desde antes del nacimiento”. No se tiene claridad sobre el punto de saber si este primer proyecto fue debidamente consultado con entidades médicas de Costa Rica, ni quiénes fueron los especialistas que lo elaboraron.

Finalizado el plazo otorgado a Costa Rica, la Comisión decidiría finalmente remitir el caso a la Corte en julio del 2011 (véase carta remitida a la Corte Interamericana con fecha del 29 de julio del 2011). En mayo del 2012, quedaría electo como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo el diputado Justo Orozco (véase nota de La Nación), confirmándose la hábil estrategia de influyentes sectores opuestos a una regulación de la FIV en Costa Rica.

De manera a apreciar el tiempo transcurrido desde la presentación de una petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en enero del 2001, remitimos al lector a la ficha técnica del caso oficialmente denominado “Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica”. En el 2010, Grettel Artavia fue declarada personaje del año por La Nación.

“Siento que los años se me van de las manos” son palabras de Grettel Artavia extraídas de esta entrevista que traducen bien la lancinante angustia de las mujeres afectadas (y la de sus parejas) por la falta de regulación de la FIV ante el inexorable paso del tiempo. De manera a conocer a tres de estas perseverantes parejas, remitimos al lector a un detallado documental, El deseo más grande, el cual se estrenó en Costa Rica en un canal universitario (Canal 15 UCR) en agosto del 2015.

Nos permitimos reproducir los nombres de las víctimas, tal como aparecen oficialmente registrados en el sitio de la Corte Interamericana, en honor a esta ejemplar tenacidad y profunda confianza en el derecho internacional que demostraron, y ello pese (en el caso de varias parejas) a los largos años de espera que les significaron abandonar su proyecto de procrear de manera artificial: Grettel Artavia Murillo, Miguel Mejías Carballo, Andrea Bianchi Bruna, Germán Alberto Moreno Valencia, Ana Cristina Castillo León, Enrique Acuña Cartín, Ileana Henchoz Bolaños, Miguel Antonio Yamuni Zeledón, Claudia María Carro Maklouf, Víktor Hugo Sanabria León, Karen Espinoza Vindas, Héctor Jiménez Acuña, María del Socorro Calderón Porras, Joaquinita Arroyo Fonseca, Geovanni Antonio Vega Cordero, Carlos Eduardo de Jesús Vargas Solórzano, Julieta González Ledezma y Oriéster Rojas Carranza.

Una estrategia riesgosa del Estado ante los órganos interamericanos

Cabe indicar que las autoridades de Costa Rica presentaron varias excepciones preliminares con la finalidad de evitar a toda costa que los órganos del sistema interamericano se pronunciaran sobre el fondo del asunto. Esta situación no es aislada, como ya tuvimos la oportunidad de indicarlo en una reciente nota sobre otro caso contra Costa Rica aún pendiente de resolución ante el juez interamericano: “…el recurso a esta figura legal debiera ser siempre objeto de una cuidadosa valoración por parte de los Estados: intentar evitar que la justicia internacional se pronuncie no siempre es bien percibido por parte del juez internacional, puede incluso llegar a indisponerlo” (véase nuestra breve nota “Caso Manfred Amrhein y otros vs Costa Rica: Costa Rica presenta excepciones preliminares“, Debate Global, edición del 24/02/2017, disponible aquí).

Nótese que, al momento de redactar estas breves líneas, las entidades públicas de salud de Costa Rica aún no disponen ni de especialistas ni de la infraestructura necesaria: desde el mes de diciembre del 2012, sus jerarcas no parecieran haber tomado las previsiones del caso, por lo que son clínicas privadas las que, hasta el momento, están autorizadas para ofrecer este servicio a parejas que lo soliciten. Se prevé, según algunas declaraciones dadas en la prensa por personeros de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que el sistema de salud pública costarricense podría ofrecerlo en el 2018. En la precitada nota de La Nación se lee por parte de uno de los abogados que llevó este caso ante las instancias interamericanas que: “Solo estamos a la espera de que la Caja cumpla”.

A modo de conclusión

Externamos a los orgullosos padres de María José nuestras más sinceras felicitaciones, al cumplirse días atrás su primer mes de vida, esperando que otras parejas costarricenses que quieran procrear mediante el recurso a esta técnica asistida logren prontamente realizar sus anhelos más preciados.

Estos fueron pospuestos en Costa Rica para muchas otras parejas, y ello durante más de 16 años, en razón de una sentencia dictaminada en marzo del año 2000 por cinco magistrados constitucionales contra el criterio de dos de sus colegas: una de las dos valientes voces disonantes en aquel entonces fue la de la única mujer integrante del máximo órgano constitucional, la magistrada Ana Virginia Calzada.

Detrás del término hay una realidad compleja a la que seguimos dándole la espalda.

El año pasado, luego de que una persona con un beneficio penitenciario fuera detenida por cometer, presuntamente, un nuevo delito, el Presidente de la República ante una pregunta de la prensa —al hilo de una serie de decisiones ordenadas al Ministerio de Justicia y Paz por el Poder Judicial para que fueran reubicados privados de libertad en el Programa Semi-institucional, dados los altísimos niveles de hacinamiento que había entonces— respondió que no era posible, a partir de casos puntuales, hacer generalizaciones.

El presidente utilizó una expresión popular, usada por cierto, por Miguel de Cervantes en El Quijote y que, con algunas variantes, también se emplea en el idioma inglés (one swallow does not make a summer): “una golondrina no hace verano”. La frase, que tenía todo el sentido del mundo, fue descontextualizada en aquel momento; se hizo creer que el jefe de Estado frivolizaba con su respuesta la criminalidad o, cuando menos, un hecho específico de violencia.

Los números hablan

No importaba que el grupo de personas reubicadas en su inmensa mayoría estuvieran aprovechando la oportunidad de pasar al régimen de confianza —de 1500 trasladadas menos del 2% regresaron a prisión por incumplir las condiciones impuestas—. No importó que la medida fuera una orden de los juzgados de ejecución de la pena y no una disposición unilateral del Instituto Nacional de Criminología o, menos aún, de la ministra de Justicia. Tampoco importó que el régimen semi-institucional fuera una modalidad de cumplimiento de la sanción que existe en todos los países democráticos, absolutamente necesaria para darle contenido al fin rehabilitador y progresivo de la pena. Ni que se haya utilizado siempre. Por ejemplo, según datos de la Dirección General de Adaptación Social, en el periodo 2010-2014 se reubicaron casi 7000 personas; de 2002 a 2006, cuando la población penal era de 7748 —casi la mitad de la que tenemos actualmente— al Programa Semi-institucional pasaron cerca de 2500 sentenciados… es más, en los apenas 11 meses que fue ministro, (entre julio de 1996 y junio de 1997) un abogado que hoy suele atacar a Justicia y acusarnos, falsamente, de hacer liberaciones masivas, ingresaron al régimen de semi-libertad  alrededor de 400 personas. Esto cuando la tasa de encarcelamiento era de, más o menos, 100 personas por cada 100 mil habitantes… no 351 por cada 100 mil, como pasa en 2017.

La respuesta del presidente Solís fue la más sensata. Frente a órdenes judiciales y atendiendo a una situación que comprometía el respeto de los derecho fundamentales de un grupo de personas, no era serio ni responsable generar alarmas por eventos aislados que no reflejaban, ahí sí, el desenvolvimiento mayoritario de los beneficiados. Desde entonces, lo de “golondrinas” sigue desfilando por redes sociales y en otros espacios para referirse a quienes delinquen o, más bien, para referirse a alguna gente a la que se le atribuye ciertos delitos. Las “golondrinas” son hoy los “chapulines” de los 90 (así se llamó a un grupo de muchachos menores de edad que robaban en San José por aquella época).

Hace unas semanas, en un accidente de tránsito, fallecieron 4 ciclistas, la causa se investiga en sede judicial y será allí, desde luego, donde se determine la responsabilidad del sospechoso. Sin embargo, hubo algo en las reacciones por lo sucedido esa madrugada que me escalofrió porque reflejaba cómo construimos las dinámicas sociales y sobre cómo los valores y principios palidecen según a quién tengamos al frente, según quién sea el otro. Pese a la indignación, la rabia y el estupor que produjeron la muerte de estas personas no leí, por ningún lado, que alguien se refiriera al detenido, un hombre joven, profesional y conductor de un carro caro, como una “golondrina”. Claro, no lo había entendido.

¿Quiénes son, entonces, las golondrinas?

Las “golondrinas” no son todos los que cometen delitos, las “golondrinas” no son los políticos sentenciados por actos de corrupción, las “golondrinas” no son los médicos o los religiosos que han abusado sexualmente de quienes confiaron en ellos, las “golondrinas” no son los abogados que han estafado a sus clientes. No importa que todos sean, formalmente, delincuentes, las “golondrinas” tienen un perfil muy preciso, los pobres, los adictos que vienen de los sectores más carenciados, los que cometen delitos de pobres como robar o vender drogas al menudeo, los chapulines de hace 20 años. Las “golondrinas” son, en el fondo, el modo para deshumanizar, para despojar de humanidad a gente que proviene de ciertas clases sociales que nos resultan incómodas.

Cómo nos va a interesar dar una solución a quienes, sin que eso funcione como justificación, pero sí como explicación, han tenido menos acceso a los bienes económicos, culturales, políticos y simbólicos. Cómo vamos a reconocer que, como escribía Owen Jones, nuestra profunda injusticia social daña a las personas, y este daño puede manifestarse en formas que dañan a otras personas en un círculo perverso de más inequidad e injusticia.

Lo hemos dicho ya, el 60% de las personas que ingresan al sistema penitenciario son condenadas por delitos asociados a marginalidad. Esos delitos merecen una consecuencia. Pero no es razonable negar la evidencia empírica; probablemente, con una estructura social más justa muchos de esos delitos no se habrían cometido.

Cuando a Cecilia Sánchez se le critica, en redes sociales o desde los púlpitos mediáticos de algunos personajes de nuestra fauna josefina, por el enfoque que ha dado al Ministerio de Justicia y Paz, más allá de que, desde luego, cualquier política pública sea mejorable, el cuestionamiento, en verdad, es por haber visibilizado la realidad que se esconde tras los barrotes y los módulos de nuestras vetustas cárceles. Es por haberle puesto cara, y muchas veces nombre, a quienes pueblan los centros penales. Es mucho más sencillo, más para un pueblo cristiano y creyente como el nuestro, desembarazarse del producto de una sociedad injusta, de la que no solo el Estado es responsable, situando en una categoría de menor humanidad, de menor parecido a mí a aquellos que resultan, especialmente, incómodos, desagradables, feos y lombrosianos. Es mucho más sencillo cargar sobre sus espaldas todos los prejuicios y etiquetamientos sociales para lavar nuestras conciencias de cualquier resquicio de responsabilidad colectiva. Es mucho más sencillo, a lo sumo, construir más espacios penitenciarios, por cara que también sea esta salida, y apilar como carne a esos desagradables.

De la desigualdad al odio y el reduccionismo moral

Pensar que si aspiramos a que no haya reincidencia, el único camino posible es generar condiciones dignas para que los que, definitivamente, deben ser prisionalizados no quieran, al salir, volver a dañar a los demás, es cosa de sentido común. Esta comprensión pasa, en primer lugar, por admitir que muchísimos de quienes llegan a las cárceles no son solo malas personas por haber infringido la ley son también el producto de una sociedad injusta.

A propósito de Owen Jones, un joven historiador inglés, es imposible no relacionar el tema de las “golondrinas” con su libro Chavs: la demonización de la clase obrera (2011). Jones retrata cómo en la sociedad británica la clase trabajadora –chavs— se fue convirtiendo, progresivamente, a partir de los 90, en objeto de miedos y rechazo, aupada por los medios de comunicación y algunos políticos de turno se acusa a los sectores más desfavorecidos de la sociedad de ser culpables de su propia situación por vagos, adictos, irresponsables, malagradecidos y viciosos. En una entrevista publicada el 20 de mayo de 2014 en eldiario.es Jones dijo: “la desigualdad se racionaliza y justifica con la idea de que los miembros de las élites merecen estar donde están porque son más listos y trabajan más, mientras que los que están por debajo merecen estar ahí porque son estúpidos y vagos. Cuanto más desigual es la sociedad, más necesitas demonizarla para justificarlo”.

No promovemos que se evadan las responsabilidades por actos contrarios al ordenamiento jurídico, pero si nos dejamos atrapar por las voces que entonan el odio y el reduccionismo moral, estaremos racionalizando y normalizando resultados que son producto, fundamentalmente, de una sociedad injusta y fragmentada. Cada vez que alguien hable de las “golondrinas” de la ministra, tengámoslo presente, no solo se está reprochando al que cometió una falta, algo por supuesto legítimo, se está ocultando la realidad, bastante más compleja, que explica por qué la gente que entra a la cárcel es mayoritariamente pobre. Pero, claro, qué interés habría de cambiar el estado de cosas, de admitir que no todo tiene que ver con méritos individuales sino con condiciones estructurales, si la reacción es arrancarle la humanidad a los incómodos y convertirlos ayer en chapulines, hoy en golondrinas.

Días atrás Semanario Universidad publicó en su portada el artículo Costa Rica necesita 143 diputados.

Sí, 143. Es un título provocador que considero debió invitar a comprar el periódico, por lo menos para entender cómo se respaldaba tal propuesta. Muchos no lo hicieron y opinaron sin leer… la publicación en el Facebook del Semanario alcanzó más de 200 comentarios, en su gran mayoría negativos. En general, la gente propone disminuir el número actual de diputados y menciona que el aumento solo traería más “parásitos”, “vagabundos” y “vividores” al Congreso. 

Ante tal panorama me propuse en este espacio intentar explicar el cuento que hay detrás de ese titular, respondiendo en particular a dos comentarios que se escribieron en la publicación. Aclaro de previo que yo entiendo el malestar que trae una propuesta de reforma al sistema de elección de diputados, especialmente si además aumenta su número. La Asamblea Legislativa es la institución pública peor valorada por los costarricenses, lo dicen 10 de 11 encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR realizadas entre 2013 y 2016. 

A título personal considero que la pobre impresión que existe del desempeño de la Asamblea responde a la falta de acuerdos a lo interno, o sea, a la lentitud en dar respuesta a la demandas ciudadanas. Aunado a eso existe otro inconveniente igual de serio: la inexistencia de mecanismos reales de rendición de cuentas.

Si bien intentaré resumir el panorama en este artículo debo aclarar que estas y otras ideas las abordé en el libro Aplicación del modelo alemán a la elección de diputados en Costa Rica, publicado por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones y la Fundación Konrad Adenauer. Si desea profundizar en el tema le invito a consultarlo, pues muchos de los conceptos aquí introducidos se explican con detalle en la obra.

El origen del problema: cercanía y proporcionalidad

El tema de fondo es complejo y empieza desde el modelo que tenemos para elegir a los legisladores en Costa Rica. Esa es la problemática esencial: el sistema electoral, las reglas que definen cómo los votos que emitimos se convierten en escaños y definen cuáles partidos políticos tendrán acceso a la Asamblea Legislativa.

Lo abordo, como adelanté, respondiendo a dos comentarios.

Don José tiene razón; es necesario cambiar la forma en la que se eligen a los diputados, no únicamente aumentar el número de quienes integran la Asamblea Legislativa. Por eso, tal como se explica en el libro y en el artículo, lo que propongo para Costa Rica es aplicar el sistema electoral proporcional personalizado o, como también lo llamo, el modelo alemán.

El modelo alemán cambia completamente la forma en la que elegimos diputados actualmente pues permite fortalecer la cercanía entre representantes y representados, sin afectar el carácter proporcional de las elecciones. Por proporcional me refiero a que los partidos políticos estén representados en la Asamblea Legislativa según el peso de votos que obtuvieron en una elección.

¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se crean las condiciones para que usted sienta que los diputados representan sus intereses? Según la propuesta del modelo alemán cuando usted llegue a votar le van a dar dos papeletas. Empiezo explicándole la primera, que mejora la cercanía con la Asamblea Legislativa.

En la primer papeleta usted va a votar para elegir a un diputado próximo a su comunidad. Para esto, le propongo dividir el país en 72 espacios territoriales, cada uno con su propio diputado. Estos distritos electorales se crean dividiendo la población total en 72, para que cada diputado represente al mismo número de habitantes, el resultado lleva a que cada distrito estará conformado por alrededor de 60.000 habitantes. Cantones como Escazú, Naranjo, Paraíso, Liberia, Corredores o Siquirres tendrían sus propios diputados, otros cantones se deberán dividir ya que son muy grandes, esto para lograr más cercanía y que cada distrito esté confirmado por 60 000 habitantes aproximadamente.

¿Y la segunda boleta? Tiene el objetivo de proteger el carácter proporcional de la elección al que aludía anteriormente. ¿Por qué es importante esa proporcionalidad? Porque si el sistema no protege la proporcionalidad en una elección el voto que usted le da a un partido puede que no valga y su voluntad como votante no se transformaría en apoyar al diputado de su preferencia.

En esta segunda boleta usted votaría por una lista de candidatos, como en la actualidad, pero no se dividirían en provincias, sino que sería una única lista nacional de 71 diputados. Entre más grande sea esa lista, más proporcional será el resultado de la elección y más se respetará la voluntad popular.

La elección de 143 diputados mediante estas dos listas, que además se vinculan entre sí, permite a este sistema darnos lo mejor de dos mundos, fomentar la cercanía entre representantes y representados y proteger la proporcionalidad de las elecciones.

¡Qué enredo! Dirán algunos…

Le pido que se tome el tiempo de leer la propuesta a fondo y lo piense. ¿Por qué? Porque resulta que elegimos diputados como si estuviéramos en el siglo XIX o inicios del Siglo XX, cuando se crearon las provincias y ese modelo ya no es sostenible. 

San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste fueron creadas en 1848 y, las otras dos, Puntarenas y Limón, en 1909… O sea, a pesar de que la realidad demográfica, socioeconómica, cultural y política de todo el país ha cambiado de manera abrupta en todo este tiempo… nosotros seguimos eligiendo diputados bajo una división territorial que tiene más de un siglo de atraso ¡Más de un siglo de atraso! ¿Quién se va a sentir representado así? ¿Cómo usted se va a sentir representado así?

Como ve, no es solo un aumento al número de diputados, es un cambio completo a la forma en que elegimos a quienes nos representan en la la Asamblea Legislativa.

Don Mario, lamento que le de risa y cólera, deme un chance y permítame explicarle la razón por la que la cantidad actual de diputados afecta eso que usted llama el “cuento” sobre la representación ciudadana. Con números primero, muy claro y conciso.

Resulta que elegimos diputadas y diputados con un número fijado en 1962. En ese año, cada uno de los 57 legisladores representaba a 23.731 habitantes. Actualmente —luego de un crecimiento exponencial de la población en 55 años— cada uno de esos 57 diputados debe representar a 85.796 habitantes, un aumento de más de un 360% con respecto a 1962 ¡361,53% para ser exacto!

A la par de eso, para demostrarle que no es un “cuento tico”, le doy otro elemento: un análisis comparativo con América Latina.

En Latinoamérica, en promedio, cada legislador representa el 0,70% de la población. Mientras tanto, en Costa Rica, cada uno debe representar el 1,75% de los habitantes. Como resultado somos el país peor calificado de la región en lo que a representatividad refiere. Así de mal estamos en este tema… pero ¿por qué es importante esto?

Primero, porque entre menos habitantes tenga que representar un legislador, más cercana será la relación entre este y sus representados. Es decir, se permitiría que el traslado de las demandas de las y los ciudadanos a la área política sea más efectivo y personalizado, lo cual no ocurre hoy en día.

Segundo, por el tema de proporcionalidad que le abordé en la respuesta a don José. La teoría ha dicho que entre más curules se elijan por circunscripción más exacto será el resultado… es decir, se respetará más fielmente la voluntad del voto que usted y yo damos.

Con el número actual de diputados no se podrían constituir circunscripciones como las descritas en la respuesta anterior. Además, en el libro (Aplicación del modelo alemán a la elección de diputados en Costa Rica)logro comprobar mediante simulaciones y fórmulas cuánto ha afectado el número de diputados y la elección mediante provincias —es decir el modelo actual— el respeto al principio de proporcionalidad. Lo invito a ver los resultados, es descomunal la diferencia entre el sistema actual y el que propongo (se encuentran en las páginas 89-99).

Es hora de entrarle al tema

Así las cosas, lo que le propongo es que afrontemos la bronca que no quisieron afrontar en 1962, cuando en vez de respetar una regla que permitía que el número de diputados fuese creciendo según crecía la población, lo que se hizo fue reformar en un número inmutable de 57 diputados el tamaño de la Asamblea.

Si seguimos la regla que permitía que el número de diputados fuese creciendo según la población nos damos cuenta de que deberíamos tener 143 diputados. De nuevo, para que vea que no es un “cuento tico”, si queremos estar en el promedio de América Latina al cual aludí antes, debemos aumentar a 144 diputados.

Como ve don Mario, no me inventé ese número.

Y a usted, quien leyó esto, lo que le pido es que recuerde que Costa Rica es, en esencia, una democracia representativa, en la cual entregamos a otras personas el poder de tomar las decisiones sobre los asuntos públicos. Los diputados de la Asamblea Legislativa son, precisamente, la máxima expresión de la democracia representativa. 

También recuerde que la responsabilidad directa de cambiar esta realidad es de los partidos políticos, por medio de los diputados. Son ellos quienes definen si se deben reformar las reglas para acceder y mantenerse en el poder político o, en el peor de los escenarios, los que deciden que el sistema actual debe mantenerse.

La respuesta de qué camino deben tomar debe hacérsele llegar directamente a los partidos políticos y a sus diputados. Ellos, aunque usted no lo sienta, lo representan a usted. Exíjales respuesta, no sea un actor pasivo… hay mucho en juego.